A Joaquín el Chapo Guzmán no se le puede abrir un maxiproceso como a capos colombianos o italianos, porque la justicia en México no ha podido probarle otros delitos que no sean narcotráfico, consideraron expertos en leyes internacionales.

No tenemos instituciones lo suficientemente fuertes para demostrar que esta persona ha cometido, entre otro ilícitos, el de lavado de dinero, negocios con recursos de procedencia ilícita, homicidios, lesiones o amenazas, es decir, una serie de delitos concatenados o en concursos. Es inverosímil que sólo por ahí una corte estadounidense, creo que Nueva York, es la que lo tiene imputado por un delito de homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena , aseguró el profesor en Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, Ulises Sandal.

El exsubprocurador de averiguaciones previas de la PGR, José Elías Romero Apis, explicó que un maxiproceso es la acumulación de causas penales en contra de una misma persona, las cuales se pueden acumular siempre que los hechos sean los mismos y existan procesos abiertos ante distintos jueces o expedientes.

Edgardo Buscaglia, investigador en seguridad y crimen organizado en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, es un defensor de que Joaquín Guzmán Loera sea sometido a un maxiproceso , al considerar que forma parte de una organización que, aun sin él, seguirá funcionando a la perfección.

Ese maxiproceso en México no se ha dado, no vemos que se estén iniciado causas penales de esa magnitud. Sin esos maxiprocesos, es imposible hacerle siquiera cosquillas a una red criminal. Lamentablemente, no vamos a ver (en México), bajo las condiciones institucionales actuales, un maxiproceso al estilo italiano, colombiano. Y la extradición (de Guzmán Loera a EU) significa que los fiscales federales norteamericanos van a malintentar hacer justicia en México , dijo recientemente Buscaglia.

Sin embargo, consultados por El Economista, el doctor en Derecho Ulises Sandal, el exsubprocurador José Elías Romero Apis y el politólogo Enrique González Casanova coincidieron en que los maxiprocesos tuvieron éxito en el pasado, pero ahora están rebasados debido a que están supeditados a que las autoridades puedan probar los delitos, y no sólo acusar por acusar.

Por su parte, el profesor Ulises Sandal expuso que en Colombia, para procesar al capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, las autoridades judiciales tuvieron que hacer leyes exprofeso como jueces sin rostro, prácticas que ya no son aceptadas hoy por el derecho internacional.

En Italia, comentó, tenían un sistema de justicia acusatorio como el que apenas vamos a instalar en México, pero ahí el problema era la corrupción que había permeado en el sistema judicial.

Por ello, consideró que los maxiprocesos para acumular delitos a Guzmán no son la solución, ya que son absurdos nominales las sentencias de más de 60 años de prisión que nadie podría cumplir en términos de vida.

Nuestras leyes, Código Penal Federal, no contemplan esta figura. Lo que realmente tenemos en nuestro sistema normativo son mecanismos de acumulación y conexidad de procesos penales , explicó Sandal Ramos.

Los expertos coincidieron en que si bien los maxiprocesos no son necesarios, lo que sí es cuestionable es que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya podido encontrar elementos para fincarle otros delitos a Guzmán, como lavado de dinero o compra de empresas con recursos de procedencia ilícita.

Uno de los problemas que se ha afrontado en la lucha contra el narcotráfico es la integración de las averiguaciones previas, en efecto, que no necesariamente se integran del mejor modo, por lo mismo que, en muchas ocasiones, se dejan fuera ciertos aspectos (delitos); pero es importante precisar que, cuando se hace una averiguación previa, se debe documentar, porque, si no, cuando pasa al Poder Judicial se puede desechar por falta de pruebas. Estamos ante una situación que no deja de ser muy delicada: es del cocimiento público que Joaquín Guzmán ha cometido una serie de asesinatos. Sí, pero, ¿cuáles son las pruebas de que los ha cometido? (Falta) la argumentación jurídica , dijo el politólogo Enrique González Casanova.

La extradición revela deficiencias en sistema de justicia

Los tres especialistas consultados coincidieron en que la extradición a Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán es una decisión tomada por el gobierno mexicano que no fortalece el sistema de justicia de nuestro país.

La justicia en México tendría que demostrar su fortaleza. Las instituciones, en este caso, me parece que se están viendo rebasadas; me parece que era una oportunidad inmejorable para demostrar que nuestro sistema penitenciario puede tener bajo resguardo a personas de este tipo, cosa que ya no lo ha demostrado, y que tenemos un sistema de justicia que está operando y que podemos llegar a términos de legalidad y justicia adecuados. Entonces, extraditarlo sin que nosotros lo procesemos es renunciar expresamente a esa oportunidad inmejorable de hacer las cosas bien , afirmó el doctor Ulises Sandal Ramos.

Por su parte, José Elías Romero Apis, consideró que la extradición de Guzmán no tardará años, sino el tiempo en que el Ejecutivo federal decida acelerar el procedimiento.

Yo creo que pudieran hacerse con celeridad hasta donde las autoridades cumplan con esa celeridad, que es la celeridad del juez que tiene que emitir su opinión; y, desde luego, una vez emitida su opinión, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresará la última palabra, y ésta la puede hacer en cualquier momento , comentó.

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