El Senado comenzó la discusión de la iniciativa del presidente Felipe Calderón acerca de las figuras de cadenas delictivas y de las entregas vigiladas, esta última, equiparable a la operación Rápido y Furioso de Estados Unidos.

Analista y expertos pidieron a los senadores realizar varios cambios, pero la PGR urgió a proporcionar a la autoridad mayores herramientas para que pueda actuar contra quienes cometen narcobloqueos o delitos a través de Internet.

El 14 de abril del 2011 el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República un proyecto de reforma en el que propone que cualquier persona que confabule con el crimen organizado y el narcotráfico, como tan sólo dar aviso de retenes de la Policia Federal o el Ejército, pueda ser investigada y encarcelada no sólo por los delitos que cometa en lo particular, sino también por más de 40 delitos que cometen en general la organización criminal a la que ayudó, como terrorismo, acopio de armas, robo de vehículos, corrupción, tráfico de indocumentados o lavado de dinero.

En el foro de ayer, Alicia Azzolini Bincaz, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, mencionó que esa medida sería peligrosa porque la base del sistema jurídico es la presunción de la inocencia de una persona; añadió que desde perspectivas de prevención de la criminalidad es más trascendente que se castigue a los capos criminales, más no a la base social con la que operan, por ejemplo, dijo, un taxista que sólo se limita a informar que en la calle se encontraba una patrullas.

La lucha contra la criminalidad organizada no debe orientarse a atacar penalmente a la base social de las organizaciones, para ello deben instrumentarse políticas públicas adecuadas, y el combate debe enfocarse a menguar las ganancias y a incriminar a las cabezas y los líderes de la organización.

Por ello, las personas ajenas a las organizaciones criminales deben ser imputadas de los delitos que cometan, pero se puede crear una zona gris en la que pueda ingresar conductas que no son lesivas de los bienes jurídicos , advirtió.

Moisés Moreno Hernández, director del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, y Samuel Antonio González Ruiz, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidieron en que se deben proteger las garantías de inocencia de una persona.

El general Alejandro Ramos Flores, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, dijo que la figura de las cadenas delictivas podría ser polémica, pero necesaria, aunque el gobierno -dijo- está dispuesto a que la iniciativa presidencial sea modificada.

Consideró que la autoridad requiere de las cadenas delictivas para castigar a quienes reciben dinero de las bandas del crimen y cometen, por ejemplo, narcobloqueos, apagan las aparatos de monitoreo de mercancía en los aeropuertos del país para evitar el trasiego de droga, a aquellos que expiden documentos falsos o funcionarios bancarios que permiten depósitos superiores a los permitidos.

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