El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene diversos pendientes.

Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Aunque el asunto no se ha enlistado para el periodo de sesiones de agosto-octubre en el que sesionarán de nueva cuenta los ministros, diversas impugnaciones han sido admitidas a trámite.

Entre los actores que han presentado recursos en contra de la normativa destacan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el partido político Movimiento Ciudadano.

Además del gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, así como un grupo de senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional (PAN).

Desde su discusión y posterior publicación, el 21 de diciembre del 2017, la Ley de Seguridad Interior fue señalada de permitir funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, circunstancia que, de acuerdo con sus críticos, generará mayor violencia y vulneración de derechos humanos.

En tanto, luego que la SCJN se declaró incompetente para conocer las quejas promovidas por la PGR y el Poder Ejecutivo sobre el fallo para crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa, requirió a ambas autoridades manifestar al Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, en Matamoros, Tamaulipas, sus argumentos sobre la imposibilidad de cumplir con la sentencia.

El pleno de igual forma determinó que esa instancia judicial en caso de ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia, lo haga saber al máximo tribunal para en su caso solicitar la facultad de atracción.

Apenas el 18 de junio el colegiado declaró “la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia”, por lo que el caso podría llegar a la SCJN para que se pronuncie en definitiva. En este sentido, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, llamaron a lo ministros a colocarse “del lado de la verdad y de las víctimas”.

La Corte deberá resolver en este periodo de sesiones las diversas impugnaciones interpuestas en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 15/2017, 16/2017,18/2017 y 19/2017 y de las controversias constitucionales 81/2017, 83/2017 y 97/2017, todas bajo la ponencia de Javier Laynez Potisek.

Entre los promoventes están los partidos políticos Nueva Alianza y Morena, además del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Senadores.

Los actores señalan que la Constitución de la CDMX invade competencia con la Federación al darle facultades al Congreso local para legislar en materia de ejecución de sanciones penales o reinserción social, además de facultar a la Comisión de Derechos Humanos capitalina para definir cuáles son violaciones graves a los derechos humanos, la cual está reservada a la CNDH.

Los expedientes:

  • Aunque no está enlistado para este periodo de sesiones, el pleno deberá resolver diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, promovidas por diferentes actores en contra de la Ley de Seguridad Interior.
  • Analizará las acciones de inconstitucionalidad y controversias promovidas por partidos políticos, el Poder Judicial capitalino, el Ejecutivo federal y la Cámara de Senadores, en contra de la Constitución de la CDMX.
  • Resolverá un amparo en revisión en contra del INAI, en el que determinará si este organismo tiene atribuciones para calificar si determinados hechos constituyen violaciones graves a los derechos humanos.
  • Se prevé que la Corte se pronuncie en definitiva sobre la creación de una comisión de investigación para la verdad sobre el caso Ayotzinapa.

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