Pese al avance que significó la aprobación en agosto del 2017 de la Ley General contra la Tortura, persiste una impunidad “casi absoluta” sobre dicho delito, alertaron organizaciones civiles y la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas.

Al presentar la plataforma web sintortura.org, en la que se da seguimiento a las denuncias y acciones judiciales iniciadas por este delito que se presenta tanto a nivel federal como en las 32 entidades del país, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, indicó que hay “casi nulos resultados” en procuración de justicia en México por tortura.

De acuerdo con la plataforma, entre el 2014 y el 2018 se abrieron tanto a nivel estatal como federal alrededor de 24,000 investigaciones por tortura y malos tratos.

Sin embargo, a nivel federal, en el mismo periodo, se han registrado 33 sentencias, mientras que a nivel de las entidades han sido sólo ocho; en ambos casos se incluyen las sentencias tanto condenatorias como absolutorias.

“A nivel federal (...) en el año 2018 se dictaron 17 (sentencias), pero esa cifra que nos informó el Estado, que nos informaron las autoridades, incluyen tanto las sentencias condenatorias como absolutorias, de hecho de estas 17 del año pasado sólo en dos casos nos informaron que el sentido era de ser una sentencia condenatoria y, bueno, el mismo año del 2018 no hubo o no nos informaron de ninguna sentencia dictada en el fuero estatal por tortura”, dijo Erin Brewer.

La activista añadió que también persisten retrasos en la conformación de fiscalías especializadas en los estados para perseguir dicho ilícito.

Según la ley general en la materia, en su artículo sexto transitorio se estipuló que tanto la Federación como las entidades tenían un plazo de 90 días, una vez publicada la norma, para crear sus fiscalías especializadas.

En caso de que no existieran los recursos presupuestales suficientes para la creación de fiscalías, se planteó en la ley que los estados deben crear, al menos, unidades especializadas en la materia.

En este contexto, hasta este 2019, Erin Brewer refirió que 10 entidades cuentan con una fiscalía especializada, otras 10 cuentan con unidades, y de 12 o no tienen ninguna de las dos o no proporcionan información al respecto.

“Es muy preocupante a que a más de dos años (de aprobada la ley) una tercera parte de los estados ni siquiera hayan creado esas instancias”, dijo la experta.

Reparación del daño

Natalia Pérez Cordero, de la ONG Fundar, indicó en relación al registro de víctimas que en sólo 5% de los casos a nivel federal hay registros de ellas, mientras que a nivel estatal no hay datos precisos.

“Del 2014 al 2018 sólo existen 521 víctimas registradas por tortura, vemos que esta cifra es muy baja si la comparamos frente a las casi 10,000 investigaciones que hay a nivel federal, únicamente por el mismo delito (en el mismo periodo), de tortura y malos tratos. Es decir, que de estos exactamente 9,998 casos que hay a nivel federal, apenas 5% del total de las víctimas se ha registrado”.

Sobre la reparación del daño, Pérez Cordero enfatizó que la situación es aún más difícil. “Del 2014 al 2018 sólo 100 personas han podido tener lo que se conoce como reparación integral (del daño), de acuerdo con lo que señala la Ley General de Víctimas, es decir, que sólo 1% del total de víctimas (a nivel federal)  que han denunciado tortura ha podido acceder a medidas de reparación”.

Por su parte, Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, externó que si bien existen grandes desafíos en la implementación de la ley general contra la tortura, tanto a nivel estatal como federal, no ha existido instancia alguna que se haya centrado en impulsar que se concreten las medidas que contempla la ley.

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