La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que del año 2000 a mayo del 2019 ha recibido 11,939 quejas, de las cuales 11,549 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes y 390 señalan expresamente el delito de tortura.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el organismo nacional destacó que la persistencia de la práctica de la tortura en México aleja la intención de consolidar la institucionalidad y el respeto a la legalidad.

A través de un comunicado, la CNDH detalló que, del total de quejas, 5,813 concluyeron por orientación, 2,635 por no existir materia, 760 por conciliación, 70 se resolvieron durante el trámite, 539 por acumulación, 321 por desistimiento del quejoso y 308 por falta de interés procesal de la víctima.

Además, 50 denuncias se resolvieron por remisión a organismo local, 29 por no competencia, una por no responsabilidad de la autoridad, 436 están en trámite y se han emitido 322 recomendaciones particulares y 21 por violaciones graves, tanto por tortura como por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Para esta comisión nacional, la tortura es una práctica injustificable e inaceptable bajo cualquier supuesto. No hay un fin que permita ser tolerantes con ella, así como tampoco niveles o rangos aceptables del flagelo. No es un mal menor ni cuestión que se pueda asumir como inherente a la investigación de los delitos o como producto de una cultura o forma de justicia arraigada en el país”.

Las autoridades con mayor número de recomendaciones por violaciones graves por tortura durante ese periodo fueron Fiscalía General de la República (FGR), que contabilizó seis, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC), que contó cinco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) con tres, respectivamente.

Respecto a las recomendaciones particulares, la Sedena acumuló 50, la Semar y la Secretaría de Seguridad federal 25 cada dependencia y la FGR contabilizó 17.

Finalmente, la CNDH detalló que no se ha dado la importancia adecuada para detectar los entornos y condiciones bajo los cuales se posibilitan los actos degradantes y de tortura, por lo que exhortó a las autoridades a reconocer y enfrentar el problema.

“México cuenta con el entramado institucional y normativo para enfrentar esa deleznable práctica y consolidar su democracia, su Estado de derecho y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos”.

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