Con 20 votos en contra, 11 en favor y una abstención, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió no ratificar a los cinco aspirantes a ocupar los cargos de magistrados anticorrupción para la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De los 18 aspirantes propuestos originalmente, 13 declinaron a la candidatura y uno más no se presentó a la comparecencia, lo cual dejó a cinco candidatos. Éstos, fueron descartados por el Pleno.

Los no ratificados son: Álvaro Castro Estrada y María Zaragoza Sigler, quienes buscaban ocupar, durante 15 años, un lugar en la Sala Superior; y Verónica Aguilera Orta, Luis Eduardo Iturriaga Velasco y Marco Antonio Palacios Ornelas, para la Sala Regional durante 10 años.

Cabe recordar que el décimo tribunal colegiado en materia administrativa resolvió que el Senado, o en su defecto la Comisión Permanente,  debía retomar y concluir el proceso de designación de los magistrados anticorrupción, proceso que quedó estancado desde el 2017, cuando el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, mandó sus designaciones.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, acusó que al no contar con tribunales para imponer las sanciones a delitos graves en materia administrativa relacionados con la corrupción, deja en estado de alta vulnerabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción.

Finalmente el senador de Morena José Alejandro Peña Villa acusó que la anterior legislatura incumplió en el procedimiento para los nombramientos referidos y afirmó que la bancada morenista tiene disposición de completar la integración del sistema anticorrupción, pero no retomando un proceso con vicios jurídicos de origen.

Limitados, comités de participación

Por otra aprte, La organización civil Mexiro AC alertó que, pese a que existe la figura dentro de los sistemas estatales anticorrupción de los comités de participación ciudadana hay poco margen para la participación de los ciudadanos en su generalidad.

La directora de la organización, Fernanda Galicia, indicó que pese a que existen los comités de participación ciudadana (CPC) en los estados del país las propuestas ciudadanas sobre los sistemas quedan a voluntad de los mismos integrantes del CPC.

Galicia destacó, por otra parte, que los sistemas estatales anticorrupción del Estado de México y Sonora son los que mayores retos presentan debido a que sus legislaciones en el rubro contemplan la creación de sistemas municipales anticohecho.