Sergio Aguilar Navarro, juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Baja California Sur, decretó auto de formal prisión contra el exgobernador Narciso Agúndez Montaño y su exsecretario de gobierno, Alfredo Porras, al considerar que la Procuraduría de Justicia ofreció suficientes elementos probatorios.

El exgobernador, que ganó la elección bajo las siglas del PRD, enfrentará en prisión los cargos de peculado, perpetrado contra las arcas estatales por 76 millones 200,000 pesos, y no podrá obtener la libertad bajo fianza, dado que ese delito en el Código Penal de Baja California es considerado como grave.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur sustentó las imputaciones en una supuesta enajenación de siete inmuebles, que se encontraban en el fraccionamiento El Pedregal, en San José del Cabo San Lucas, que se concesionó a la empresa Las Veredas, pero nunca se llevó a cabo.

El impartidor de justicia informó tanto a Agúndez Montaño como a Porras Domínguez que, ante el fallo, deberán permanecer presos en el Centro de Reinserción Social de la entidad hasta que se desahoguen las pruebas, se realicen las declaraciones testimoniales, tanto en su favor como en contra, y peritajes, para posteriormente asumir una sentencia condenatoria o exculpatoria.

La defensa legal del exgobernador Agúdez, acreditada desde la semana pasada, no solicitó o utilizó las garantías que la Constitución le ofrece a los presuntos delincuentes y ahora solicitaron al juez Aguilar Navarro llevar a cabo un juicio sumario, que en el anterior sistema de impartición de justicia presuntamente permitía una resolución más pronta y expedita.

Tanto el exgobernador como su exfuncionario aún están en tiempo de interponer un recurso de revisión ante el auto de formal prisión que recibieron, como establece la Constitución.

rtorres@eleconomista.com.mx