En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó a las autoridades federales y locales para elaborar e implementar una estrategia nacional para combatir este tipo de actos en el país.

“Las nuevas autoridades en México tienen la oportunidad de revertir uno de los problemas más graves que enfrenta el país y dejar atrás una conducta enraizada en el sistema de seguridad y de justicia.

“A la voluntad se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura”, sostuvo el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab.

La ONU recalcó la preocupación de los organismos internacionales ante la grave situación de violaciones en México ya que al estar suscrito a instrumentos para la protección y defensa de los derechos humanos  siguen sin ser efectivamente aplicados, “lo que tiene por consecuencia que la tortura siga siendo uno de los elementos principales que erosiona al Estado de Derecho y al sistema de justicia” .

A través de un comunicado la ONU-DH consideró que una de las primeras acciones que deben emprender las autoridades para combatir la impunidad y estas prácticas inhumanas es que cada entidad deberá contar con fiscalías o unidades de investigación especializadas que la Ley General contra la Tortura, que entró en vigor el 26 de junio del 2017, obliga a crear.

Además otorgar los recursos suficientes para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan sancionar a todos los responsables, incluyendo a los superiores jerárquicos.

“Preocupa que se continúen nombrando en cargos públicos a personas a las que se les han dirigido recomendaciones públicas por haber cometido actos de tortura. Por el contrario, las autoridades deben ponerse del lado de las víctimas y no de los perpetradores y condenar categóricamente la estigmatización hacia las personas que han sido sometidas a tortura y se les ha quebrantado su dignidad humana”, agregó.

En ese sentido, la ONU-DH enfatizó que es necesario atender a los grupos más vulnerables y destacó los ataques sexuales contra las mujeres, así como la situación de privación indiscriminada de la libertad, el encierro prolongado y las condiciones degradantes en las estaciones migratorias a las que es frecuentemente sometida la población migrante.