La minuta de la Ley General de Comunicación Social que envió la Cámara de Diputados al Senado, no cumple el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reducir la discrecionalidad el gasto en comunicación social, y con ello la posibilidad del control editorial, advirtió el Instituto Belisario Domínguez, de la Cámara Alta.

“El diseño actual favorece que siga existiendo un gasto dirigido a medios preponderantes y no incentiva la competencia”, subrayó.

En una nota estratégica “Sobre la minuta de Ley General de Comunicación Social”, detalló que al no identificarse “provisiones suficientes” para reducir la discrecionalidad en el gasto en la materia, se podría haber aumentos presupuestales fuera de los establecidos en el PEF.

Esto, detalló, ya que no se consideran sanciones específicas en contra de servidores públicos y medios de comunicación.

Señaló que aunque se establecieron en la minuta criterios para el gasto en comunicación social la eficacia, eficiencia, transparencia, economía y racionalidad presupuestaria, no se define cómo operarán estos principios.

Además de que se establece que será la Secretaría de Gobernación (Segob) la que emita lineamientos en la definición del gasto, lo que permitirá la discrecionalidad, mientras que no se limita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar adecuaciones presupuestarias.

El Instituto Belisario Domínguez indicó que la minuta establece que los entes públicos pueden contratar tiempos comerciales cuando no estén disponibles los espacios en los tiempos del estado, lo que consideró abre la posibilidad de contrataciones innecesarias.

Expuso que al ser la Segob la dependencia administradora del gasto y contenido de la publicidad contratada para las campañas de comunicación social, permitirá que el gobierno federal regule “campos amplios” de las campañas sin la opinión de expertos y organizaciones de la sociedad civil.

“El mecanismo regulatorio propuesto en la minuta difiere de las diversas iniciativas presentadas que otorgaban facultades regulatorias, normativas y de vigilancia a Consejos o Institutos con diversos niveles de autonomía que, además contemplaban cuerpos técnicos especializados de vigilancia externa”, abundó.

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