En compañía de diferentes funcionarios federales como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Educación, Esteban Moctezuma, entre otros, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, encabezó la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales.

Al realizar un breve diagnóstico sobre los centros penitenciarios federales, integrantes de la comisión reconocieron que los temas de salud, educación y capacitación son de las principales deficiencias que presentan estos centros, ya que de las 17,189 personas presas en centros federales existen más de 6,600 personas enfermas, mientras que sólo existen 80 médicos para los 18 centros federales.

Asimismo, el comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, informó que de los 17 centros federales de readaptación social y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, 77% pertenece al fuero federal y el resto al fuero común.

Añadió que, del total de la población, 40% se mantiene en la etapa de proceso, mientras que 59.3% son sentenciados.

En el rubro de educación, detalló que 15,413 cuentan con algún grado de estudios, entre los que destacan 6,537 con secundaria, 4,245 con preparatoria, 3,034 con primaria y 1,256 con licenciatura.

Respecto de las actividades productivas, precisó que 17 empresas brindan trabajo remunerado a 889 personas privadas de la libertad (PPL). También 3,179 PPL elaboran artesanías que pueden poner a la venta y 8,741 realizan actividades no remuneradas con fines de reinserción.

Por lo anterior, se informó que a inicios del año próximo el gobierno federal pondrá en marcha un programa de empleo para los reclusos en penales federales, el cual creará más de 6,000 plazas de trabajo en dos años, ya que actualmente sólo 5% de la población privada de su libertad puede tener un empleo productivo dentro de prisión.

El programa dará inicio en cinco centros y se prevé que para el 2022 haya centros de trabajo activos en todas las prisiones federales, porque se aseguró que ya existen empresas interesadas en participar en este programa.

Esta comisión intersecretarial tiene como fin desarrollar programas en los centros penitenciarios en materia educativa, laboral, deportiva y de salud en favor de las PPL.

Durante su intervención, Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la CNDH, destacó la importancia que tiene el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, el cual se efectúa cada año en los centros penitenciarios federales.

Precisó que con el objetivo de verificar las condiciones, el diagnóstico nacional cuenta con cinco rubros específicos para atender y conocer qué se tiene en el sistema penitenciario: estancia digna para la persona, respeto a la persona física, las condiciones de gobernabilidad de los penales, la reinserción social de las personas privadas de la libertad y la atención a los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Durazo Montaño aseveró que la prisión debe identificarse “como un lugar que no atente contra la dignidad humana, en el que se construya una cultura de derechos que permita a los sentenciados adquirir habilidades y conocimientos que les faciliten una mejor vida en libertad”.

Al referirse a la comisión, el titular de la SSPC explicó que para la implementación de los servicios a la población interna y a la que ha sido liberada, las autoridades tienen la obligación de intervenir con programas que contemplan la formación educativa, laboral y desarrollo de habilidades tanto individuales como sociales.

maritza.perez@eleconomista.mx