México no cuenta con una estrategia de priorización de delitos, por ello se utilizan los mismos recursos para resolver un robo de celular y un secuestro, lo que ha provocado una saturación del sistema de justicia, revela el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) en un estudio denominado 8 delitos primero .

De acuerdo con el documentos, de 33 delitos del catálogo de delitos del fuero común, solamente ocho impactan de forma negativa a la percepción de seguridad: secuestro, homicidios ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, lesiones dolosas con arma blanca, extorsión, robo con y sin violencia a peatón, y robo con y sin violencia de vehículo.

El estudio detalla que en lugar de inteligencia criminal hay trámites burocráticos inútiles para acreditar la evidencia suficiente que pruebe la culpabilidad de un delincuente frente a un juez.

En los últimos cuatro años, los homicidios relacionados con el crimen organizado aumentaron 400%, mientras los secuestros y las extorsiones se incrementaron 100%, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El presidente Felipe Calderón a principios del sexenio creyó que esta alza en los índices delictivos se trataba de un efecto del narcotráfico, por lo cual -indica el CIDAC- el gobierno federal privilegió la detención de narcotraficantes y no puso en marcha una táctica integral de reingeniería institucional.

Afirma que esta situación no se resolvería con el despliegue militar, ya que el problema era más profundo estaba en otro lado: en el aparato de justicia, ministerios públicos, policías y jueces, sin capacidad para hacer frente a esta crisis.

El resultado de esta estrategia, refiere el estudio, ha sido un sistema de justicia saturado, sin capacidad para resolver los delitos. De cada 100 delitos que se cometen en el país, sólo uno recibe castigo. Lo anterior eleva la percepción de inseguridad en los ciudadanos, ya que por un lado tienen la impresión de que pueden ser blanco de la inseguridad y, por otro, perciben incapacidad del Estado de protegerlos.

El CIDAC recomienda enviar las señales correctas; es decir, si los derechos ciudadanos son vulnerados, el sistema debe responder de forma expedita a las demandas. El objetivo es que el Estado al castigar delitos sea una amenaza creíble que también desincentive los delitos menores. Recomienda empezar por aquellos delitos que afectan más en la percepción de inseguridad, como el secuestro u homicidios relacionados con el crimen organizado, entre otros.

De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo a raíz de la violencia en México, el 44% de los ciudadanos dejó de salir de noche, el 25% dejó de tomar un taxi y el 21% dejó de ir a cenar.

  • Las empresas elevaron sus costos de seguridad en más del 11%, mientras que el gasto público en seguridad del 2010 del Gobierno federal representó seis veces más que el destinado en el 2005.
  • En los últimos cuatro años los homicidios relacionados con el crimen organizado aumentaron en un 400 por ciento.
  • La priorización de los delitos permitirá aumentar la probabilidad de sancionar a quien no respeta la ley, afirma el CIDAC.
  • El secuestro, homicidios relacionados al crimen organizado, lesiones dolosas con arma blanca, extorsiones, robo a peatón con y sin violencia, así como robo de vehículos con y sin violencia, son los 8 delitos de mayor impacto para los ciudadanos.

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