En los últimos cinco años, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha presentado 20,868 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por robo de hidrocarburos, y durante el primer semestre del 2017 rescindió el contrato de 11 gasolineras, por considerar que vendían combustible ilegal.

La empresa productiva del Estado entregó un reporte al Congreso de la Unión sobre la evaluación y sustracción ilegal del crudo. En este documento se puntualiza que en los primeros seis meses del año se iniciaron 24 procedimientos de rescisión de contratos contra estaciones de servicio en las que se registraron indicios de que comercializaban petrolíferos de procedencia ilícita. En 11 casos los contratos fueron cancelados y nueve más se encuentran en proceso de resolución.

Pemex pormenorizó a diputados y senadores que en materia de robo de hidrocarburos, la Unidad de Responsabilidades aplicando aún la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que estuvo en vigor hasta el pasado 18 de julio inició 43 procedimientos administrativos en los que están involucrados 48 servidores públicos.

La empresa puntualiza que a partir del 19 de julio pasado, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Unidad de Responsabilidades en Pemex, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, es la competente de investigar las conductas ilícitas de los servidores públicos, y si advierte la comisión de algún delito, lo hace del conocimiento de la Dirección Jurídica de la petrolera para que presente la denuncia correspondiente.

En el texto, que consta de siete páginas, se aclara que las investigaciones hasta ahora realizadas sobre robo de combustibles no han arrojado indicios de que éstos estén siendo comercializados en otros países.

La estrategia

La empresa petrolera concluye que el robo de combustible es un problema complejo que trasciende la competencia de Pemex, y para su combate se requiere la estrecha colaboración de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.

Ello, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y combate al ilícito; perfeccionar el marco jurídico vigente para endurecer las penas y hacer más efectiva la procuración e impartición de justicia.

La petrolera detalló que para la prevención de robo de hidrocarburos, se tiene implementada la Estrategia de Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Salvaguardia de las Instalaciones de Pemex, lo que a decir de la empresa, mejora su vigilancia a través de aviones, helicópteros y drones dotados con sistemas de visión nocturna para cubrir mayores extensiones de territorio.

Además, unidades militares patrullan la red nacional de ductos con vehículos tácticos de todo terreno y automotores blindados. Asimismo, se establecen centros de comando, control y comunicaciones, que mantienen enlace con los vehículos terrestres y aéreos.

Pemex reportó también que durante el 2016 y el 2017 se han desarrollado estrategias para disminuir los incidentes de esta actividad criminal, que incluyen la cooperación de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Energía, Hacienda y Crédito Público, así como de la PGR.

Producto de estas medidas, la empresa reporta 131 millones de litros de hidrocarburos recuperados en el 2016; a esta cifra se suman 869,000 litros en el primer semestre del 2017.

En tanto, de enero a junio del año en curso se han asegurado 898 vehículos dedicados a este comercio ilegal, cifra superior a los 332 recuperados en el primer semestre del 2016.

El hurto de combustible es un tema de seguridad nacional que tiene impacto significativo en las finanzas públicas, cuya solución requiere un frente común, dentro del cual el Poder Legislativo es el actor primordial para contar con un marco legal que permita eliminar los incentivos para la comisión de dicho delito , concluye.