Han pasado 10 días desde que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional iniciaron los operativos de contención para frenar el camino de cientos de migrantes que buscan salir de Chiapas debido a lo tardado de la resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. Durante los operativos, se han presentado situaciones de uso excesivo de la fuerza de las autoridades mexicanas contra migrantes, incluidos niñas y niños, denuncian ONG.

Las caravanas de migrantes, integradas mayoritariamente  por personas originarias de Haití, Venezuela, Centroamérica y Guinea Ecuatorial, comenzaron a ser más visibles desde el pasado 28 de agosto, con aproximadamente 1,000 personas, entre ellas hombres, mujeres, familias, niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas, que decidieron dejar su estancia en Tapachula, Chiapas, después de pasar semanas e incluso meses afuera de las oficinas de registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), en aquella entidad.

Desde entonces, en al menos cuatro ocasiones han visto frustrado su intento de cruzar México hacia la frontera con Estados Unidos ante un creciente despliegue de fuerzas de seguridad.

El más reciente episodio violento se dio ayer, cuando desde la madrugada y por más de ocho horas de operativo y redadas en la comunidad de Huixtla, Chiapas, la cuarta caravana migrante que partió el sábado de Tapachula, Chiapas, para dirigirse al norte del país, e integrada por al menos 700 migrantes, fue dispersada de manera violenta.

Los migrantes buscaban descansar antes de partir rumbo a Villa Comaltitlán a 18 kilómetros de Huixtla. Ante la presencia de las autoridades, decenas de migrantes tomaron rutas alternas a través del campo o incluso iniciaron su trayecto por las vías del tren denominado como la bestia.

Abuso de fuerza

“La Guardia Nacional va con su uniforme de asalto y están siendo particularmente agresivos y crueles, porque lo que están haciendo es separar a las familias que tienen niños y niñas (...) El nivel de violencia es fuerte, hay gente lastimada y en estado de shock”, advirtió Ana Saiz Valenzuela, directora General de Sin Fronteras IAP.

La activista añadió que el llamado de las organizaciones es a que se deje de usar esa fuerza brutal en contra la de las personas migrantes que lo unido que expresan es desesperación por la violencia y discriminación institucional a la que se han visto sometidos por esperar trámites que no se resuelven.

“Hay un llamado urgente al INM para que resuelva ya la situación y solicitudes de las personas que han estado esperando o que tengan una vía para la regularización migratoria”, añadió.

Además de insistir que se necesita un fortalecimiento inmediato a la Comar, sobre todo en las oficinas del sureste del país y que se debe implementar una mayor vigilancia de la actuación del INM por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Estamos muy preocupados por la vida e integridad de estas personas, esta violencia es inadmisible y el INM está fuera de control y tiene que estar vigilado por otras instituciones (…) mientras actúen con abuso de poder y en la opacidad no se va a resolver esta situación y por el contrario la gente se va a arriesgar aún más”, resaltó. 

Por su parte, Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, indicó que el poco control en materia de migración se debe a la insuficiencia de recursos tanto financieros como humanos.

“Sabemos que la infraestructura de las ciudades como Tapachula u otras ciudades son insuficientes; gobiernos locales no tienen recursos necesarios como para atender todo ese tipo de demandas, tienen las locales y no alcanza y con esta sobredemanda; tampoco es posible dar atención a la población excedente”, comentó. (Con información de Iván Rodríguez)

maritza.perez@eleconomista.mx