El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, manifestó su desacuerdo con la reducción salarial de 10% implementada el pasado 25 de enero, por lo que envió una carta informándole al presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello, que impugnó tal decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la misiva, el consejero explica que tras una cuidadosa reflexión, he tomado la decisión de recurrir ante la Sala Superior del TEPJF con el fin de que revise la constitucionalidad y legitimidad de los acuerdos tomados por la Junta General.

Explicó que en específico acudió al Tribunal Electoral para que revise si lo dispuesto por el INE transgrede lo dispuesto en la Constitución en los artículos 5, 123 y 127, así como el artículo 10 del convenio sobre la protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo.

Añadió que buscará que el TEPJF juzgue si la Junta General Ejecutiva excedió sus atribuciones legales al reducir lo dispuesto por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017.

Además de que solicitó al máximo tribunal electoral verificar si la reducción de salarios a consejeros electorales e integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada es una disposición necesaria, idónea y proporcional para conseguir eficiencias y economías , pues indicó en la carta, el ahorro propuesto por los consejeros ascenderá a 11 millones de pesos en el Capítulo de Servicios Personales, que representan tan sólo 0.1 % del presupuesto operativo del INE .

Estimó que existen otras áreas del órgano autónomo en las que se pueden realizar recortes como en las consultorías externas como las solicitadas por la Unidad Técnica de Planeación para estudios sobre la organización institucional, en los que el INE ha erogado en años pasados decenas de millones sin obtener resultados tangibles .

Agregó que es necesario analizar si se justifica ejercer 27.3 millones de pesos en estudios y eventos sobre la calidad de la ciudadanía , al tiempo que dijo que se debe revisar también la contratación de plantas de electricidad para todas las juntas locales y distritales por 84.9 millones de pesos en vista de que solamente se utilizan en caso de emergencia.

No obstante, el consejero electoral enfatizó que es un error confundir la defensa de la legalidad con el rechazo a la austeridad . Añadió que la sociedad ha pugnado por una democracia más austera, en donde los recursos sean usados con la máxima eficiencia.