Tras darse a conocer la campaña de espionaje gubernamental y las industrias refresqueras en contra de investigadores y activistas promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) instó a denunciar estas prácticas abusivas de vigilancia electrónica.

"ConMéxico se solidariza con cualquier ciudadano e institución que haya sido afectada por prácticas ilegales o carentes de ética y los conminamos a hacer uso de los mecanismos que el sistema jurídico mexicano provee para su defensa. Recurrir a estos, será en beneficio de la libertad de expresión, el derecho legítimo que todos tenemos de pugnar por nuestras ideas y de la sociedad mexicana en su conjunto", dijo Lorena Cerdán, directora general de ConMéxico.

En un posicionamiento enviado a El Economista vía correo electrónico, la directiva agregó que la asociación empresarial "rechaza categóricamente el uso de este tipo de prácticas".

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Antes de recibir esta comunicación, El Economista buscó a las filiales mexicanas de las trasnacionales PepsiCo y Coca-Cola para buscar un posicionamiento pero ambas evitaron emitir algún comentario de manera individual.

Mientras que PepsiCo remitió a ConMéxico para buscar una reacción, Coca-Cola Femsa señaló que la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) daría un comunicado coordinado de toda la industria.

Sin embargo, vía correo electrónico, área de prensa de la ANPRAC dijo que por el momento no emitirían pronunciamiento alguno.

ACTUALIZACIÓN 13/02/2017 21:23: Tres horas después de la publicación de este artículo, ConMéxico envió una precisión a El Economista que presentamos íntegra: El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo precisa que Coca-Cola y PepsiCo son miembros del Consejo, por lo cual respaldan la postura emitida por el mismo en torno al tema .

El 11 de febrero pasado, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó su más reciente reporte llamado Bitter Sweet donde documentó el uso de la solución Pegasus de la firma israelí NSO Group para espiar al investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director general de la organización Al Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO quienes impulsaron el impuesto a las bebidas azucaradas.

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Esta solución es vendida exclusivamente a los gobiernos. Investigadores y medios, incluyendo El Economista, han documentado que entidades como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional(Cisen) y la misma PGR son compradoras y usuarias de estas herramientas.

Los investigadores, defensores de los derechos humanos y digitales, y las mismas víctimas coinciden en que esta campaña de espionaje la realizó alguna entidad de gobierno en colusión con las refresqueras trasnacionales quienes vieron amenazados sus intereses por las campañas de combate a la obesidad y diabetes en México.

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"Este caso sugiere que las herramientas de espionaje de NSO Group, de uso exclusivo del gobierno, pueden ser utilizadas por una entidad gubernamental en nombre de intereses comerciales, y no por razones de seguridad nacional o la lucha contra la delincuencia , consideró el Citizen Lab.

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