La diferencia en la forma de procurar seguridad pública entre la actual administración federal actual y las anteriores es que ahora las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad actuarán con base en un marco legal y se va a garantizar que su comportamiento sea diferente al que tuvieron cuando actuaban en el ámbito militar, aseveró la diputada federal Miroslava Carrillo Martínez.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados afirmó que con la aprobación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión y en los estatales, “se rompió un paradigma”.

La integrante de la fracción legislativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que ahora se contará con un cuerpo de seguridad federal tripartito integrado por personal que provendrá de las filas del Ejército, la Marina, así como de la Policía federal y nuevos elementos que se incorporarán a ese Estado de fuerza.

No se engañó a nadie con designación de comandante de la Guardia Nacional

Por otra parte, afirmó que con la designación de un militar como comandante de la Guardia Nacional no se engañó a nadie, ya que la reforma constitucional que hizo posible la creación de esa fuerza hace referencia a que el presidente de la República tiene la atribución para nombrar a la persona que desempeñe ese cargo.

“Nunca se especificó en la Constitución que fuera de carácter civil. Entonces vamos a darle al presidente nuestra confianza”.

De acuerdo con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo pasado, en su artículo segundo transitorio establece que “El Ejecutivo designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina”.

Dijo que ahora falta que se aprueben las leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley del Uso de la Fuerza; la Ley General de Registro de Detenciones y reformas a la Ley General de Seguridad Pública.

Para la ley orgánica de la nueva corporación se tiene un plazo de 60 días que se vence el 27 mayo y los diputados federales están obligados a cumplir. Para ello podría realizarse un periodo extraordinario de sesiones, ya que el ordinario termina el próximo 30 de abril. En el caso de la Ley de Detenciones, se tiene un plazo de 180 días, una vez que entre en vigor las modificaciones legales que para efectos de la aprobación de la Guardia Nacional se hicieron en los estados.

Explicó que, en este caso particular, se trata de una disposición concurrente entre el gobierno federal y los estatales que tendrán que someter a consideración del Senado su estrategia estatal.

La legisladora destacó que una de las bondades de la reforma es que se obliga a las entidades federativas a tener estándares mínimos en sus marcos legales con el fin de que funcione el sistema de la misma forma en cualquier parte del país.

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