En cada proceso electoral, las instituciones de los tres niveles de gobierno instan a sus funcionarios a evitar el mal uso de los programas sociales. No obstante, pese a que las medidas de prevención llevan más de 20 años en México, el problema sigue sin erradicarse.

El 21 de diciembre pasado, el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG693/2020 aplicable para el proceso electoral 2020-2021, en donde se renovarán más de 2,000 cargos públicos en el país, entre ellos 15 gubernaturas.

En el documento se indica que, entre el 4 de abril y hasta el 6 de junio, periodo en el que inician las campañas electorales y se realiza la jornada electoral, cualquier difusión de algún logro de gobierno, ya sea local o federal, se prohíbe durante la entrega de programas sociales.

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, la inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícita o explícitamente, la promoción de un gobierno o sus logros en el marco de la ejecución y/o entrega de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para tal fin, se considera contrario al principio de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre”, precisa el acuerdo tomado por el Consejo General del INE.

Este acuerdo es similar al tomado por el mismo órgano para las elecciones del 2018 y el 2019.

En el acuerdo del 2019 se incluye la aclaración de que cualquier programa social que aplique fuera de las reglas de operación del mismo se considerará “un indicio de que los mismos serán utilizados con fines electorales”.

Por su parte, la Secretaría del Bienestar, encargada de los programas sociales a nivel federal, anunció en diciembre pasado el inicio de un plan de capacitación dirigido a personal de la dependencia, tanto directivo como operativo.

“A través de una circular, el secretario (del Bienestar), Javier May Rodríguez, convocó al personal de la dependencia a participar en esta actividad que, explicó, tiene entre sus objetivos el contribuir a la equidad y prevenir actos o conductas que impliquen propaganda gubernamental durante el proceso electoral, así como crear conciencia de las acciones que constituyen delitos electorales graves y sus consecuencias”, refirió la dependencia en un comunicado.

Los antecedentes

Este tipo de programas tienen más de 20 años de existencia en el país.   

En el 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, las entonces secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía, Desarrollo Social, del Trabajo, Medio Ambiente, Agricultura, Educación, Salud y la Procuraduría General de la República firmaron un convenio “para contribuir a la atención oportuna y eficaz de las denuncias que se formulen por la ciudadanía en general, con motivo de hechos presumiblemente delictivos por conductas ilícitas relacionadas con la utilización indebida de programas sociales con fines políticos”.

Por su parte, desde el 2008, el Instituto Nacional Electoral (INE antes IFE) ha emitido acuerdos que buscan garantizar la imparcialidad en las contiendas electorales, y en donde se ha restringido la propaganda gubernamental, de los tres niveles de gobierno, al entregar programas sociales con el fin de no incidir en el electorado.

Pese a estos mecanismos que han buscado influir en los funcionarios públicos para que no incurran en irregularidades, las denuncias por uso indebido de los recursos públicos durante los procesos electorales no se han detenido.

De acuerdo con un análisis realizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de las últimas cuatro elecciones presidenciales, en el proceso electoral 1999-2000 se registraron 290 averiguaciones en contra de funcionarios públicos vinculadas con el mal uso de programas sociales y de recursos públicos.

Para el proceso del 2005-2006, el número de investigaciones creció de manera importante al llegar a 750; mientras que para el proceso 2011-2012, se contabilizaron 370 denuncias. En tanto que para el proceso 2017-2018, se contabilizaron 54 investigaciones.

No es fácil probarlo: expertos

La falta de padrones confiables de beneficiarios de programas sociales da espacio a un uso indebido con fines electorales, en los tres niveles de gobierno, coincidieron expertos.

“Creo que los gobiernos de todos los niveles (…) tienen que informar con claridad cuáles son los programas de carácter social que generan beneficios a la comunidad y tienen que decir con claridad a quiénes se les están entregando esos beneficios y de qué manera se entregan (…) creo que eso podría generar un mejor control.

“Pero, la verdad de las cosas es que, por ejemplo, en los programas actuales aunque existen algunos padrones de beneficiarios, no se entregan de manera íntegra al INE y tampoco se entregan los calendarios donde se reparten los beneficios respectivos y eso genera un uso indebido de los programas sociales”, indicó Marco Antonio Baños, exconsejero del INE.

Apuntó que los beneficios de los programas se convierten durante el proceso electoral en “una especie de presión para que los electores acudan a las urnas en favor de algún candidato o de algún partido”.

El exconsejero comentó también que el INE ha definido a través de los lineamientos para la imparcialidad de los comicios que los programas sociales, durante un proceso electoral, no pueden entregarse en eventos masivos ni tampoco con la propaganda oficial.

No obstante, añadió que es necesario legislar en la materia para dejar aún más claro qué se puede hacer y qué no al entregar un programa social durante un proceso comicial.

Por su parte, el exfiscal en delitos electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, refirió que aunque las medidas de prevención para evitar el mal uso de programas sociales en los tres niveles de gobierno no son nuevas, en los últimos años han bajado su intensidad.

“Yo veo que en los últimos años, las acciones de publicidad gubernamental en la que se informe a los beneficiarios que esto no es una dádiva ha sido realmente marginal”, sostuvo.

Díaz Santana refirió que el perseguir el uso indebido de programas sociales no es fácil debido a las garantías que otorga el propio sistema penal.

“No es fácil probarlo porque tiene que comprobar, tienes que llevar al beneficiario (del programa) que diga que sí le condicionaron (el apoyo)… la gran desventaja que tiene digamos el procesar a una persona por delitos electorales es que la investigación, por los requisitos y el exceso de, y así se lo voy a decir, el exceso garantista del sistema penal electoral en el cual tiene que tener todas las partes del procedimiento fundadas y motivadas, tarda mucho más”, dijo.

Díaz Santana añadió que a nivel nacional, pese a que las entidades cuentan con fiscalías especializadas en delitos electorales, en muchas ocasiones dichas instancias no tienen el personal suficiente para poder realizar las indagatorias correspondientes ante un ilícito en la materia.

hector.molina@eleconomista.mx