En vísperas de que se cumplan cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el último análisis de la sentencia que ordena la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.

Apenas el 20 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito determinó por unanimidad dejar sin efectos la resolución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, que manifestó la existencia de “imposibilidad jurídica” para la creación del órgano colegiado.

En su análisis, los jueces concluyeron que “no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar”.

La resolución ocurre luego de que a principios de junio, por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito consideraron que al no contarse con una Fiscalía Independiente que investigue las graves violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales con la presunta “participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno”, se determinó crear la Comisión.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) luego de este fallo, el gobierno federal interpuso más de 100 recursos en su contra para desestimar la resolución judicial.

Se indicó que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala se integrará por representantes de las víctimas, la CNDH, el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros los que decidan las líneas de investigación que seguirán, además de que validarán la incorporación de organizaciones nacionales o internacionales de derechos humanos.

En este sentido, la Corte tendrá que analizar y revisar como última instancia la posibilidad o imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia, sin entrar al fondo de la valoración que hizo el Tribunal sobre el expediente.