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Combate penal vs drogas amenaza DH
El grupo de ONG expuso que la aplicación de leyes severas ha conducido a la sobrecarga de los tribunales y las cárceles, al consignar a miles de personas por pequeños delitos relacionados con las drogas.
Además de los 70,000 homicidios relacionados con el tráfico de drogas, el combate contra el narcotráfico ha generado un uso desproporcionado del derecho para castigar conductas relacionadas, lo que se ha convertido en una amenaza para los derechos humanos, exhibe la publicación El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano .
El documento, elaborado por un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América, destaca que en México 75% de los detenidos por drogas lo están porque se los detuvo con una cantidad mínima de sustancia ilícita.
El equipo de ONG expone que el uso desproporcionado del derecho penal para castigar conductas relacionadas con el consumo, la tenencia o la comercialización de drogas ilegales es una amenaza para los derechos humanos.
La aplicación de leyes severas ha conducido a la sobrecarga de los tribunales y las cárceles, y a decenas de miles de personas privadas de su libertad por pequeños delitos relacionados con las drogas o por su simple posesión. El peso de estas leyes ha impactado principalmente sobre los sectores sociales más vulnerados.
Mientras el homicidio simple se castiga con 24 años en cárcel, el tráfico de drogas es penalizado con 25 años, se ejemplifica en el informe.
Los analistas apreciaron un crecimiento en la proporción de delitos por posesión, que las autoridades federales señalaron como consumo -agrupando, o confundiendo, consumidores con narcomenudistas-, pasando de 31.5% en el 2010, a 41.6% en el 2011 y a 47.9% en el 2012.
La estrategia de combate al narcotráfico ha justificado también la existencia de diferentes cuerpos legislativos que conforman, en la práctica, un sistema judicial de excepción. Tras el argumento de la excepcionalidad del crimen organizado y la complejidad de su persecución, se han aprobado leyes y figuras que actúan en detrimento de los derechos y garantías judiciales.
En México, figuras como el arraigo y los testigos protegidos han extendido injustificadamente las facultades del Estado para detener a una persona, atentando contra el debido proceso.
Desde 1950, en México, la cantidad de figuras penales que castigan conductas relacionadas con las drogas aumentó 10 veces.
Además de la mayor cantidad de figuras penales, el combate contra las drogas se ha enfocado en el aumento de las penas. En México la pena mínima para el delito de tráfico pasó de seis meses de prisión en 1950, a 10 años en la actualidad, refiere el documento.
