El pasado 7 de junio, como resultado de una amplia convocatoria hecha por las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala en la Mixteca Oaxaqueña, partió rumbo a esa localidad una caravana humanitaria integrada por alrededor de 300 personas llevando 35 toneladas de ayuda, entre alimentos y medicinas.

Además de entregar la tan necesaria ayuda, la importancia política de la caravana radicaba en dos elementos: romper el cerco paramilitar establecido por el grupo Ubisort, por un lado, y dar visibilidad al conflicto que ha devenido ya en una crisis humanitaria olímpicamente ignorada por toda autoridad competente.

Sólo el segundo objetivo se cumplió.

Desde la salida de la caravana el 7 de junio a las 10 de la noche, las autoridades estatales, como si hablaran del clima y no de un asunto de su responsabilidad, advirtieron que no había condiciones de seguridad.

Los motivos de preocupación no eran menores: la caravana se hacía en honor de Alberta Cariño y Jyri Jaakola, asesinados en una emboscada hecha sobre la primera caravana humanitaria a San Juan Copala en abril pasado.

Ante la falta de garantías de seguridad, el itinerario de la caravana cambió constantemente. Finalmente, después de alrededor de 18 horas y múltiples detenciones a cargo de la policía estatal para convencer a la caravana de que no continuara, ésta llegó al Diamante, paraje ubicado a unos cuantos kilómetros del poblado La Sabana, en donde fue emboscada la caravana anterior. Allí, a pesar de una muy fuerte presencia de la policía estatal, la negativa absoluta de ésta a proteger al contingente obligó a la Comisión Organizadora, integrada por autoridades del municipio autónomo, ordenar el regreso de la caravana.

La frustración de la llegada de la caravana a San Juan Copala mantiene en la indefensión y en una cada vez más grave crisis humanitaria a sus pobladores, y pone en evidencia la posición de las autoridades, tanto federales como estatales, ante la misma.

En el caso de las primeras, la ausencia casi total de atención e intervención en el problema confirma, una vez más, la incompetencia y el absoluto desdén por los derechos humanos del gobierno calderonista. Respecto de Ulises Ruiz no hace falta especular; la omisión flagrante de su gobierno para garantizar el derecho al libre tránsito de un grupo pacífico de ciudadanas y ciudadanos para entregar ayuda a una comunidad que la necesita sólo puede ser llamada de una forma: complicidad.