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CNDH denuncia a García Luna y 20 más
La CNDH denunció penalmente en la PGR a Genaro García Luna, extitular de la SSPF y a Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División Regional de la Policía Federal, además de otros 19 funcionarios, por irregularidades en el caso de Florence Cassez.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció penalmente en la Procuraduría General de la República a Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública federal y a Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División Regional de la Policía Federal, además de otros 19 funcionarios, por irregularidades en el caso de Florence Cassez.
El organismo informó que la denuncia se presentó de manera formal el viernes en la noche y fue ante la Oficialía de Partes de la PGR.
La intención de la demanda presentada, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que la autoridad federal investigue los presuntos delitos y administrativos en que incurrió el personal policiaco que participó en la captura y exhibición de la francesa el 9 diciembre de 2005.
De acuerdo con la valoraciónde la CNDH las irregularidades podrían recaer en actos contra la administración de la justicia, abuso de autoridad, y ejercicio indebido del servicio público.
La semanada pasada, la Comisión aseguró que la libertad de la francesa Florence Cassez se debió a la omisión de servidores públicos en el proceso penal y no porque ella fuese inocente.
Desde entonces anunció que presentaría la denuncia en contra de 21 funcionaros.
El miércoles pasado al presentar el informe sobre el caso, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, detalló que de los servidores públicos que se denunciarían, 15 son agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación; 2 agentes del Ministerio Público y 4 son mandos medios y superiores.
Cabe recordar que a finales de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Florence Cassez, quien había sido condenada a 60 años de prisión, pero sólo pasó seis en la cárcel, pues el proceso estuvo plagado de irregularidades.
En el análisis hecho por el organismo, entre las principales irregularidades encontradas están la omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia y negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron.
jreyes@eleconomista.com.mx
