El Estado Mexicano y dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron expulsados por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) llegaron a un acuerdo, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al dar seguimiento al caso, este organismo constató que la seropositividad sólo puede ser causal de retiro si implica la pérdida de funcionalidad para el desempeño de los actos de servicio.

A través de un informe profundo, la CIDH dio cuenta de que, en ambos casos, el Estado incumplió con normas establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en hechos relacionados con la violación al derecho a la igualdad ante la ley, así como el derecho a la protección de la honra y de la dignidad.

Ello debido a que fueron dados de baja del Ejército mexicano por vivir con VIH sin una determinación individualizada del grado de afectación de su salud y haberse divulgado información sobre su estado de salud a personas al interior de las fuerzas armadas que no pertenecían al ámbito médico.

En un informe del 2011, la CIDH recomendó al Estado mexicano brindar a las víctimas del caso los servicios de salud médicos integrales que requirieran; reparar integralmente a las víctimas tanto en el aspecto material como moral, incluyendo medidas de satisfacción por los daños ocasionados, así como su reinstalación en las fuerzas armadas si las víctimas así lo desean.

La CIDH trasladó el informe al Estado y a los peticionarios un ex subteniente conductor en la Secretaría de la Defensa Nacional y un ex cabo de Infantería el 24 de marzo del 2012. Luego, las partes suscribieron un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones del caso.

Mediante su mecanismo de seguimiento, la CIDH constató que el Estado ha garantizado acceso a las víctimas a servicios de salud integral. Asimismo, las reincorporó al Ejército y realizó el pago de daños materiales y morales en su favor. Finalmente, el Estado mexicano reformó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, estableciendo, entre otras cosas, que la seropositividad sólo puede ser causal de retiro si implica la pérdida de funcionalidad para el desempeño de los actos de servicio, excluyendo toda interpretación que presuma dicha pérdida por el sólo hecho de vivir con VIH. Por otra parte, en cumplimiento del acuerdo suscrito con los peticionarios, el 24 de julio del 2015 el Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad , puntualizó este órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA).

[email protected]