La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) alertó que el recorte del 75% que el gobierno federal pretende para este año, implicará prácticamente su desmantelamiento. La Secretaría de Gobernación aseguró que “no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos”, aunque no ofreció frenar dicho recorte.

Mediante un comunicado, la CEAV indicó que el decreto de austeridad publicado el pasado 23 de abril frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.

Argumentó que no puede dejar de rentar oficinas en virtud de que posee ningún inmueble para operando. Indicó que la mayoría de los servicios son subcontratados, además de que enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.

Entre los puntos más graves mencionados por la CEAV, indicó que de llevarse a cabo el recorte presupuestal perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34,215 personas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras. También desaparecería el área que administra el RENAVI que atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.

Recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75% del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.

Indicó que sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados ascienden a 121.9 millones de pesos.

Apuntó que desde el 2012, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60% está en condición de eventuales o subcontratados.  

“No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país. El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado”, planteó.

Dijo que el recorte presupuestal le implicará desaparecer el área de traslados, por lo que será imposible tramitar 9,862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda.

“La reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a 1,874 víctimas al año”, añadió.

Mencionó que no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5,000 víctimas al mes.

“Las 7,200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica. El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV”, añadió.

Puntualizó que sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.

“No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación. No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos.

“No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017. Quedarán pendientes las 1,100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, Guarderia ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros”, alertó.

Asevero que no será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), ni tampoco atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable.

Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.

“Se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social”, refirió.

Segob no ofrece revertir el recorte

Mediante un comunicado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijeron que se reunieron con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, en donde uno de los temas abordados fue el recorte presupuestal indicado recientemente para las dependencias del ejecutivo federal.

“Se reitera que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación”, dijo la dependencia, aunque no ofreció revertir el recorte presupuestal planteado para la CEAV.

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