Dirigidas a ahondar en materia de transparencia y rendición de cuentas, la Cámara de Diputados se dispone a aprobar un paquete de reformas a distintas leyes como parte del compromiso asumido en la pasada campaña electoral por todos los candidatos a la Presidencia de la República.

Entre las propuestas de los integrantes de las diversas fuerzas políticas representadas en San Lázaro, presentadas del pasado 1 de septiembre a la fecha, destacan: obligar al Poder Legislativo a publicar todos los comprobantes de gasto de los recursos ejercidos por sus órganos internos y los diputados y senadores; disminuir a la mitad los sueldos de los servidores públicos de mandos medios, eliminar los bonos, seguros de gastos médicos privados y de separación, y las cajas de ahorro de la alta burocracia en los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos y las autoridades federales, así como prohibir otorgar pensiones extraordinarias y eliminar las pensiones de los expresidentes de la República.

Además, se plantea la necesidad de modificar la naturaleza jurídica del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para otorgarle el rango de organismo constitucional autónomo y de expedir la ley de austeridad y gasto eficiente de la Federación.

De acuerdo con la iniciativa promovida por el PAN para reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, urge establecer prácticas y procedimientos institucionales, en los gobiernos federal, estatal y municipal, que permitan garantizar al ciudadano que el dinero público se ejerce de manera adecuada y eficaz para los fines a los que es destinado.

Los panistas consideran que los representantes populares, en específico los diputados y senadores, deben poner el ejemplo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Si los legisladores enviamos a la sociedad señales claras de cambio en la forma de gastar el dinero público, empezando por transparentar al máximo la manera en que lo hacemos, habremos de dar un paso significativo en la recuperación de la credibilidad, la confianza ciudadana y, por supuesto, en la dignificación de la política , cita el proyecto de Acción Nacional.

Desde la perspectiva del PRD, una nueva ley de austeridad, tal como propuso Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, permitirá liberar recursos hasta por 300,000 millones de pesos, reduciendo así el costo económico del poder político y evitando el aumento de impuestos como la vía para incrementar los ingresos públicos.

rramos@eleconomista.com.mx