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Avanzan por separado las penas vs el cohecho
En comisiones, los senadores aprobaron por unanimidad las dos reformas que representan la parte penal del paquete anticorrupción. Incluyeron que los llamados moches se castiguen hasta con 14 años de prisión.
En comisiones, los senadores aprobaron por unanimidad las dos reformas que representan la parte penal del paquete anticorrupción. Incluyeron que los llamados moches se castiguen hasta con 14 años de prisión.
Cometerá el delito de cohecho el legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios en favor de determinadas personas físicas o morales.
También el legislador que gestione o solicite la asignación de recursos en favor de un ente público exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo.
Cuando el valor de la dádiva, bienes o promesa exceda el equivalente de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, actualmente 36,520 pesos, se impondrán de tres meses a dos años de prisión. Pero si el monto es superior, la pena de prisión llegará a los 14 años.
También se castigará hasta con 14 años de cárcel al funcionario que incurra en ?enriquecimiento ilícito o al que utilice fondos públicos o utilice ilícitamente sus atribuciones para promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o la de un tercero.
Entre otros aspectos se avaló el castigo hasta con 12 años de cárcel al particular que mienta sobre la riqueza que obtiene como parte de las concesiones, contratos y permisos de explotación de los bienes nacionales y con seis años de cárcel a los particulares que presuman o utilicen su cercanía con los servidores públicos para negociar con beneficios para sí o para otra persona.
Por otro lado, se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la PGR. Al dictamen le eliminaron los aspectos relacionados con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y sólo le dejaron las facultades a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, lo que reprochó el PRD.
Además se eliminó del dictamen el presupuesto mínimo que se le debe dar a la Fiscalía Anticorrupción, ya que el PAN pidió que se le designara al menos 4% del presupuesto a la PGR.
Ambas reformas se aprobaron en lo general y se acordó que las reservas se pasaran al pleno.
