En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Naciones Unidas y organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, locales e internacionales, señalaron retos importantes en materia de igualdad de género, impartición de justicia y protección para las mujeres en nuestro país.

Si bien la ONU reconoce los esfuerzos institucionales adoptados por el Estado mexicano para hacer frente a la violencia contra mujeres y niñas, es de alta preocupación su aumento progresivo.

La misma posición mostró Amnistía Internacional, organización que ha documentado casos de víctimas de feminicidio en México y que —acusa— aún esperan justicia, además de que evidencian la falta de políticas públicas efectivas para garantizar que los crímenes sean sancionados y no se repitan.

En al ámbito local, agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como GIRE y Equis Justicia, llamaron al Estado mexicano a implementar acciones de impartición de justicia que no vulneran los derechos de la mujeres y omitir contextos de desigualdad.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, durante sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México, expresó preocupación por una falta de armonización de la tipificación del delito de feminicidio entre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los códigos penales estatales.

Así como por sus protocolos de actuación para la investigación criminal y por los desafíos en la implementación del mecanismo de alerta de violencia de género, incluyendo la falta de recursos financieros y la falta de información por parte de las autoridades.

El gobierno y sus medidas

Funcionarios del gobierno federal y líderes del Congreso presentaron diversas acciones tendientes a combatir los actos que atentan contra la vida, la seguridad y la dignidad de las mujeres.

En Palacio Nacional, durante la conferencia matutina presidencial, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, refirió que el gobierno lleva a cabo acciones como la Puerta Violeta, que son refugios para mujeres que han sufrido violencia.

Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, indicó que se ha propuesto a los gobiernos de los estados firmar el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, para que sociedad y gobiernos trabajen de forma coordinada.

En tanto, Función Pública reportó que, en 79% de los casos en que las mujeres sufrieron violencia en el ámbito laboral, ocurrió principalmente en las instalaciones del trabajo, y sólo en el primer semestre del 2019 los órganos internos de control de la Administración Pública Federal recibieron 226 denuncias de esta índole: 128 de acoso sexual y 98 de hostigamiento sexual.

ONU Mujeres y la Secretaría de la Función Pública lanzaron la campaña “Tenemos que hablar”, cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia de género en el servicio público a través de dar a conocer a los funcionarios y las funcionarias qué conductas o acciones son acoso sexual u hostigamiento sexual, y las sanciones que se pueden imponer cuando se cometen.

La SFP también expuso la emisión de un protocolo de actuación con perspectiva de género, el cual permitirá investigar y sustanciar quejas y denuncias.

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