Son 22 iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto las que siguen atoradas en las comisiones ordinarias de alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, sin que a la fecha se hayan podido aprobar, entre las que destacan la que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, la que establece el procedimiento para la elección del fiscal general de la República y la que propone el establecimiento del mando único policial estatal para garantizar la seguridad pública en México.

De los nueve proyectos enviados por el titular del Ejecutivo federal y que aún no son dictaminados por la cámara de origen; es decir, que ni siquiera han sido revisados a pesar de que hay unos que llegaron desde hace un lustro, cinco se encuentran en la Cámara de Senadores y cuatro en la Cámara de Diputados.

Dicho número representa 7.4% del total. En lo que va del gobierno de Peña Nieto, el Congreso mexicano ya aprobó 97 de las 121 iniciativas promovidas por el Ejecutivo federal, cifra que representa 80.1% del total; 13 (10.7%) ya fueron dictaminadas pero aún no concluyen su trámite legislativo; una se desechó y otra más fue registrada bajo el estatus de “atendida” porque su materia de estudio ya había sido atendida como parte de la reforma electoral del 2014.

Diputados y senadores cuentan con tres meses, y como parte del último periodo de sesiones ordinarias de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, para terminar con los pendientes.

Las propuestas rezagadas

Presentada a la Cámara de Senadores el 29 de noviembre del 2016, la iniciativa presidencial que propone reformar el artículo Décimo Sexto Transitorio del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral y que fue promulgado el 10 de febrero del 2014, para definir el procedimiento por el que se deberá elegir al fiscal general de la República no alcanza todavía los consensos necesarios para su aprobación pese a que se trata de un tema urgente.

De entre las 13 iniciativas presidenciales ya con dictamen, en la Cámara de Diputados se cumplió con el trámite de primera lectura —requisito previo a su discusión y aprobación por parte del pleno cameral— de la nueva Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, desde el 14 de diciembre del 2016. Dicha norma prevé crear un marco reglamentario para regular el procedimiento por parte de las autoridades para restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de derechos y garantías.

En la Cámara Baja se encuentra atorada también, desde el 18 mayo del 2016, la propuesta del mandatario mexicano para reformar diversas disposiciones del Código Civil Federal a fin de garantizar el derecho de las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Se propone establecer que las personas tendrán derecho a solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, considerar al matrimonio como la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común y sustituir el término marido y mujer por el de cónyuges.

Desde el 22 octubre del 2013 el presidente de México envió a la Cámara de Senadores su propuesta para reformar el Código Penal Federal, a fin de precisar diversos elementos del delito de desaparición forzada de personas.