El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por las deficiencias, dilación e insensibilidad que han existido en las investigaciones de la desaparición y posterior muerte de la adolescente Lilia Alejandra García, ocurrida hace 17 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contexto de un patrón de violencia contra las mujeres.

Durante el primer día de audiencias públicas del 168 periodo de sesiones del organismo multilateral, que se realiza en Santo Domingo, Norma Esther Andrade, madre de la víctima, y sus representantes alegaron que la investigación se ha caracterizado por su lentitud, así como por irregularidades en las actuaciones de las autoridades.

Los representantes Norma, David Peña Rodríguez y Michelle Salas,  integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Defensores, expusieron que Lilia Alejandra de 17 años desapareció el 14 de febrero del 2001 luego de salir de su trabajo en la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA y desde ese día no se volvió a saber nada de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida el 21 de febrero del 2001 con signos de tortura y violencia sexual, en un lote baldío ubicado muy cerca de donde laboraba.

Los peticionarios de esta audiencia abundaron que, desde su desaparición, transcurrieron aproximadamente siete días en los cuales las autoridades no contaban con agentes suficientes para emprender su localización.

Señalaron que la madre de la presunta víctima afirmó que en la fecha en que su hija desapareció, únicamente dos agentes estaban a disposición del área de desapariciones.

Asimismo denunciaron que desde que se abrió la averiguación previa con folio 4324/2001, el 21 de febrero del 2001, no se ha determinado la responsabilidad penal de persona alguna, encontrándose abierta la averiguación hasta la fecha.

“No confío en las autoridades mexicanas, pero sí en ustedes (la CIDH), espero que ustedes comisionados ayuden a acercarnos a la tan anhelada justicia”, dijo Norma, quien iba acompañada por sus dos nietos, hijos de Lilia.

Así, David Peña Rodríguez adelantó que no era posible una solución amistosa a la luz de las demoras en la investigación.

Como parte de los representantes del Estado mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, dijo: “ El Estado dejará claro, en un primer momento, su reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos de este caso y las medidas de reparación que corresponden a los estándares interamericanos aplicables”, y refrendó el ofrecimiento de iniciar un diálogo para tratar de llegar a una solución amistosa.

Por su parte, Rafael Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación declaró:

“Reconocemos nuestra responsabilidad internacional por el incumplimiento en el deber de prevención en torno a esta desaparición y privación de la vida de Lilia Alejandra a la luz del contexto que se existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos terribles hechos.

“El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación y por la insensibilidad que ha existido en las investigaciones y las deficiencias que en su momento obedecieron a una ausencia de estructuras especializadas, debidamente capacitadas en la investigación de delitos relacionados con violencia por motivo de género”, expuso Avante Juárez y aclaró que los errores alcanzaron todos los casos involucrados con este fenómeno.

Los representantes del Estado mexicano se comprometieron a, desde ahora, “de manera muy diligente”, continuar con las investigaciones del caso.

Al tomar la palabra, la comisionada presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, añadió que la situación de feminicidios en México continúa desde hace tanto tiempo, lo que trae consigo sentimientos de frustración y de impotencia.

A su vez, Margarette May Macaulay exigió a las autoridades mexicanas que ninguna otra niña debe pasar por esto. “El Estado debe resolver de manera urgente este asesinato y encontrar y sancionar a los culpables”.

otras audiencias

En el primer día de audiencias del periodo de sesiones, se celebraron también otras dos relacionadas con México; en una se revisó la situación de los defensores de derechos humanos que atienden casos de tortura y en otra los derechos de los adultos mayores.

En la audiencia donde se revisó lo relativo a la situación de defensores, las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC; la Organización Mundial en contra de la Tortura y Servicios y Asesoría para la Paz instaron al gobierno mexicano a reformar la Constitución para crear una Fiscalía “autónoma, independiente y profesional” para investigar los casos de tortura.

Este martes frente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevará a cabo la audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento que supervisa la investigación del caso Ayotzinapa.

En este espacio el gobierno federal deberá rendir cuentas en las diferentes líneas de investigación, así como informar de las distintas acciones de búsqueda para dar con el paradero final de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

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