El delito de ataque a las vías de comunicación (toma y bloqueo de carreteras), va en aumento. El año pasado causó pérdidas por 3,000 millones de pesos para concesionarios y gobierno, y en cinco meses del 2020 ya se estiman mermas, tan sólo en Nayarit, por 2,000 millones, aseguró el director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) AC, Marco Antonio Frías Galván.

Entrevistado por El Economista, indicó que en Nayarit hay hasta ahora 11 casetas tomadas permanentemente, y consideró que “el problema es que, si seguimos mandando un mensaje de impunidad, se va a incentivar la formación de nuevos grupos creados para la toma de casetas. Si no hay una señal clara (de no permitirlo), se expandirán, y sí veo un escenario que en el corto o mediano plazo esté fuera de control, (que) rebase cualquier situación que hayamos visto antes y se convierta en un problema nacional con una afectación de recursos para el Estado mexicano”.

Abundó que en el marco de la contingencia sanitaria por el Covid-19, en Jalisco se han presentado a tomar casetas personas que dicen ser cirqueros, con el argumento de que no tienen forma de obtener recursos.

“En Nayarit es más complejo el asunto porque son seis meses que están tomadas, son 11 casetas, y la verdad es que desconocemos qué grupos son; hasta donde sabemos no existe una demanda particular y ahí está la gravedad del tema, es preocupante que una vía de comunicación federal no pueda ser operada con normalidad por la existencia de estos grupos que están operando”, aseveró.

Marco Antonio Frías dijo que si bien en Sonora y Baja California con operativos de la Guardia Nacional se lograron desbloquear casetas que habían sido tomadas, el ataque a vías de comunicación también se presenta en Michoacán y Edomex por supuestos normalistas que argumentan causas de presos políticos.

“Tan sólo en 2019 se perdieron 3,000 millones de pesos aproximadamente por lo que respecta a casetas operadas por Capufe (Caminos y Puentes Federales), por concesionarios privados y por el Fondo Nacional de Infraestructura. Y las pérdidas que se han contabilizado por las tomas en Nayarit ya deben de andar rondando los 2,000 millones”, destacó.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conformó en junio del año pasado una mesa de trabajo con concesionarios de infraestructura vial, de la que Frías Galván forma parte, para fortalecer el adecuado funcionamiento de las casetas del país.

“Lo que hemos detectado es que son grupos que se forman específicamente para llevar a cabo la actividad ilegal del boteo; son grupos de entre 40 a 80 personas, en algunas ocasiones utilizan demandas fachada, supuestas demandas sociales. Muchas veces éstas ni siquiera tiene que ver con la operación de vías, por ejemplo, dicen que son defensoras de presos políticos, pero lo que hacen es que se organizan y violentan al personal de las casetas para tomar el control de éstas, y a través de la extorsión tratar de obtener recursos de los usuarios (...) Nosotros hemos evaluado la situación, y no puede mantenerse”.

Frías Galván dijo que propuso a la Secretaría de Seguridad federal la elaboración conjunta de un protocolo para evitar la toma de casetas.

“A veces se confunde el derecho a manifestarse con la comisión de un delito (...) es muy relevante que podamos trabajar en protocolos de disuasión, que no necesariamente requieren el uso de la fuerza pública. Estos protocolos de disuasión en la medida que sean debidamente aplicados, permitirán disuadir antes de que tomen las casetas”.

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