Organizaciones internacionales de derechos humanos advierten la existencia de corrientes dentro de gobierno mexicano que se resisten a la apertura de nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa e insiste en validar la llamada verdad histórica .

Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights y Amnistía Internacional, signaron un documento en el que asientan extrema preocupación por los recientes intentos de algunos grupos por difamar al Grupo de Expertos Independientes (GIEI), convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para coadyuvar en el caso Iguala.

El GIEI está integrado por cinco expertos independientes, reconocidos a nivel internacional en las áreas de la investigación penal, derechos humanos y atención a las víctimas: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa. Desde hace ocho meses llevan a cabo una investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa hace un año en Iguala, del que han elaborado un primer informe.

Las recientes descalificaciones al GIEI, suman dolor innecesario a un caso ya vergonzoso, desvían la atención de la investigación misma y buscan deslegitimar la presencia del GIEI, así como la búsqueda de justicia de los familiares .

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Conectas Human Rights y Brigadas Internacionales de Paz (PBI), junto con otras organizaciones internacionales, insistieron en la necesidad de la cooperación del Ejército mexicano. Seguimos preocupados por que, a pesar de varias solicitudes, el GIEI aún no haya podido entrevistar a los soldados del batallón local, quienes estaban conscientes del ataque contra los estudiantes y presentes en algunas escenas del crimen .

Los organismos civiles destacaron que a medida que la investigación avanza, el gobierno mexicano tiene la oportunidad de mostrar apoyo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos mediante la cooperación con el GIEI y la garantía de que el nuevo equipo de investigadores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos está equipado con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir eficazmente su trabajo.

El apoyo del gobierno mexicano para la investigación y el GIEI demostrará su nivel de compromiso para lograr la verdad y la justicia en este caso y para mejorar la protección de los derechos humanos en el país, advirtieron organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF) y JASS (Asociadas por lo Justo).

ana.langner@eleconomista.mx