Una decena de organizaciones de la sociedad civil acusan al Senado de querer dar fast track al proceso de elección de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sustituirán a los jueces constitucionales Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, que culminan su cargo el 30 de noviembre.

En conferencia de prensa, organizaciones como Borde Jurídico y el Instituto de Justicia Procesal Penal exhibieron que el pasado jueves el Senado determinó adelantar las comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte al martes 24 de noviembre, cuando estaban previstas para principios de diciembre.

Esta decisión pone en peligro la transparencia del proceso de designación de los ministros y se suma a otras debilidades en este proceso, el cual, hasta ahora, no ha respetado los estándares internacionales ni los requisitos legales incluidos en la Constitución, dicen.

Una democracia exige proteger principios fundamentales entre los que se encuentra la división de poderes, esto implica contar con un Poder judicial independiente, imparcial y autónomo; si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la Corte, se pierde la esencia de la democracia y la independencia judicial , planteó Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Sin prejuzgar a los candidatos de las ternas, las organizaciones reclamaron al titular del Ejecutivo federal por no responder adecuadamente a la solicitud para conocer los criterios bajo los cuales eligió a sus candidatos.

A estas preguntas, la respuesta fue ‘no existen los documentos’. O sea, Presidencia no tiene ningún elemento para conformar la terna de candidatos. Ése es el primer elemento de preocupación. Pedimos (...) elementos que comprueban que se garantizará la independencia judicial de la Corte, con la garantía de participación y transparencia del proceso , indicó.

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