Mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas participar de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, por un periodo máximo de cinco años.

En el Diario Oficial de la Federación, el titular del Ejecutivo federal publicó un acuerdo para que los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participen en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.

Y es que a través de dicho decreto del año pasado, se promulgaron las reformas constitucionales que dieron certidumbre jurídica a la operación de la Guardia Nacional.

Así, el acuerdo formalizado ayer en el DOF establece que las Fuerzas Armadas tendrán un papel complementario de la seguridad y su actuación se regirá con respeto a los derechos humanos, en términos del artículo primero de la Constitución, y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.

Se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia.

“Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”, precisa el documento.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana argumentó ayer mismo en un comunicado que “a diferencia de lo que ocurrió en administraciones pasadas, el acuerdo (presidencial) regula la participación de las Fuerzas Armadas”.

Puntualizó que el decreto limita cuáles son las funciones que podrán ejercer dichos elementos, y estimó que “no excede de ninguna forma lo establecido en el texto constitucional”.

Mencionó que debido a que la Guardia Nacional aún se encuentra en proceso de consolidación, “se requiere que las Fuerzas Armadas brinden su apoyo a esta institución de seguridad pública para lograr hacer frente a la delincuencia”.

“Falta de regulación”

El director de proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), Armando Rodríguez Luna, opinó que dicho decreto tiene por objeto regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre del 2017.

El especialista en temas de seguridad interior alertó que dicho decreto presidencial no clarifica la jerarquía y el mando de las Fuerzas Armadas respecto de los elementos de la Guardia Nacional, “porque ésta depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero está a cargo en el mando por las Fuerzas Armadas, lo cual genera un problema de jerarquías”, explicó.

“Este decreto sienta bases mínimas, y aun así no hay una regulación de las Fuerzas Armadas en su participación en tareas de seguridad pública. Trata de darle un velo jurídico, pero no es una certeza jurídica ni mucho menos para los ciudadanos, porque siguen estando en la indefinición debido a los abusos.

“Lamentablemente se continúa con la misma receta que los dos sexenios anteriores, (y)  lo que está haciendo es enredar más la carga institucional que hay entre la Fuerza Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea  con la Marina respecto a la Guardia Nacional, porque es un intento de institución que se pretende crear por esta administración”, refirió.

Para el especialista, el decreto publicado por el presidente López Obrador es diferente a la acción que hace 13 años implementó Felipe Calderón, aunque en los hechos coinciden en darle un enfoque militar a las políticas de seguridad.

“Lo que hizo en su momento Felipe Calderón fue dar un paso importante, atrevido, pero por supuesto equivocado, y fue en el sentido de justificar el uso de las Fuerzas Armadas al señalar que debido a que la delincuencia estaba ocupando territorios en el país, significa restarle soberanía al Estado mexicano. En esa lógica se usó a las Fuerzas Armadas. En este caso no es así, porque lo que se está planteando es justificar la participación en seguridad”.

Por separado, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, refirió que el decreto “refrenda la definición militarista de la seguridad pública del gobierno federal”.

Consideró que esta medida, lejos de dar un marco menos ambiguo a la actuación de las Fuerzas Armadas, y establecer una línea divisoria entre las fuerzas civiles y militares, es un propósito opuesto: “El gobierno federal refrenda, con toda claridad, que promueve un marco de actuación militar deliberadamente ambiguo, discrecional, sin controles y sin plazos”, expuso Morera.

AMLO pedía el regreso a cuarteles

A lo largo de su carrera política, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su valoración sobre el papel del Ejército en tareas de seguridad pública.

En abril del 2010, mediante un video en sus redes cuando en el Congreso se analizaban reformas a la Ley de Seguridad para regular las tareas del Ejército en dicha materia, dijo que la mejor manera de terminar con la violencia era fomentando el bienestar social, por lo que el Ejército debía regresar a los cuarteles.

En el 2011, como candidato, presentó 50 puntos de su Proyecto Alternativo de Nación y dijo que “gradualmente” se retiraría al Ejército y Marina del combate al narco.

En febrero del 2012, como precandidato, se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en seis meses si ganaba la elección.

En diciembre del 2018, ya como presidente, dijo que si el Congreso no aprobaba la Guardia Nacional ordenaría el regreso de marinos y soldados a los cuarteles. (Jorge Monroy)

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