El monopsonio sanitario mexicano

"El diseño que condena al sistema de salud a la ineficiencia"

El artículo 5 de la Ley General de Salud es claro: el Sistema Nacional de Salud se integra por dependencias y entidades públicas, instituciones de seguridad social y establecimientos privados y sociales que prestan servicios de salud. La norma concibe un sistema plural, articulado y complementario. Sin embargo, el modelo que ha construido el Gobierno Federal con la "cuarta transtornación" (sic) de Morena transita en la dirección opuesta: se ha consolidado un monopsonio sanitario, en el que el Estado pretende ser prácticamente el único comprador relevante de servicios e insumos y, de facto, el principal prestador, concentrando decisiones, recursos y poder de mercado.

En economía de la salud, un monopsonio implica que un solo comprador domina el mercado, fija las condiciones y los precios y reduce la competencia entre proveedores. En México, esta lógica se ha extendido desde la compra consolidada de medicamentos hasta la centralización de los servicios estatales, primero bajo el esquema INSABI y ahora bajo IMSS-Bienestar, acompañada de la concentración presupuestal en un puñado de entidades federativas que deciden por todos. El resultado ha sido un sistema que se dice universal y gratuito, pero que opera con una racionalidad profundamente centralista, poco transparente y ajena a la diversidad de capacidades existentes en el país.

Los datos de las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2025 del INEGI desmontan la narrativa de que el sector privado es marginal. En 2025, 2.689 establecimientos particulares con camas censables brindaron servicios de salud en 554 municipios, con 35.732 camas en operación. Más de la mitad de estas camas se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Puebla, es decir, en las mismas regiones donde también se ubica buena parte de la demanda pública de servicios de alta complejidad. Pese a ello, la política federal trata a este universo de oferta como un actor accesorio, cuando en realidad es un componente estructural de la capacidad instalada del país.

El monopsonio gubernamental no solo se expresa en quién compra, sino también en quién decide qué se compra, a quién, cuándo y bajo qué reglas. La experiencia de la compra consolidada de medicamentos desde 2019 muestra cómo un diseño pensado para “ahorrar” terminó por crear un aparato hipertrofiado, burocrático y poco sensible a las necesidades reales de los pacientes. Al intentar que el Estado sea comprador, almacenador, distribuidor y dispensador casi exclusivo, se construyó un sistema que se administra a sí mismo y no a las personas: se habla de claves, de piezas y de órdenes de suministro, pero el medicamento no llega a tiempo al enfermo de cáncer ni al niño con enfermedad rara.

Mientras tanto, el sector privado ya está atendiendo una parte significativa de la carga de enfermedad. En 2025 se registraron 2,329,690 egresos hospitalarios en establecimientos particulares, con 99.2% de altas por morbilidad y 0.8% por defunción. Las principales causas de egreso incluyen embarazo, parto y puerperio, enfermedades digestivas y traumatismos, es decir, diagnósticos que forman parte de cualquier cartera de servicios esenciales. En el ámbito del tratamiento médico, la tasa de quimioterapia en establecimientos particulares alcanzó 43,3 tratamientos por cada 100 mil habitantes, mientras que la radioterapia aumentó su tasa en más de 30 unidades respecto a 2024, lo que evidencia un papel creciente en la atención oncológica. Dicho de otro modo: el gobierno diseña un sistema público que se declara autosuficiente, pero la realidad es que una porción relevante de las quimios y radioterapias que sostienen la vida de los pacientes se realiza en el sector privado.

La contradicción es brutal desde la perspectiva de los derechos sociales. El artículo 4 constitucional obliga al Estado a garantizar el acceso a los servicios de salud, pero no a poseer directamente todos los hospitales, todas las farmacias ni todos los equipos. Sin embargo, el diseño monopsonista ha confundido la rectoría con la propiedad y el control absoluto: se desincentiva la compra de servicios privados, se demoniza la colaboración público-privada, se ignoran los instrumentos de contratación por resultados y se perpetúa un esquema en el que las familias pagan con gasto de bolsillo lo que el sistema público se niega a adquirir de forma ordenada.

La literatura internacional y los análisis de organismos como la OCDE y el Banco Mundial han insistido en la necesidad de separar las funciones de comprador y de prestador, precisamente para evitar sesgos, la captura interna y la falta de incentivos para la eficiencia. México avanza en sentido contrario: al absorber servicios estatales y concentrar las decisiones en una sola estructura, se vuelve “juez y parte”, desincentiva la competencia entre prestadores y mantiene un uso ineficiente de recursos humanos, infraestructura y tecnología. El resultado es listas de espera largas, desabasto intermitente y, lo más grave, la pérdida de la confianza ciudadana.

La existencia de más de 100 mil médicas y médicos en contacto directo con pacientes en el sector privado, de los cuales casi el 85% son especialistas, y de 5,145 quirófanos, 856 laboratorios, 419 equipos de mastografía y 1,915 unidades de cuidados intensivos privados, debería ser un insumo central para el diseño de la política pública, no un dato decorativo en un comunicado del INEGI. Un sistema inteligente de salud no compite con estos recursos; los integra mediante contratos, esquemas de pago por caso, mecanismos de referencia y de contrarreferencia, y reglas claras de calidad y transparencia. El modelo monopsonista mexicano, en cambio, prefiere ignorarlos… hasta que el paciente, sin alternativas, se endeuda, se empobrece o abandona el tratamiento.

Persistir en este diseño no es neutro: significa mantener un sistema en el que el Estado concentra el poder de compra y de provisión, pero no ofrece resultados acordes, mientras que la oferta privada permanece subutilizada o reservada a quienes pueden pagar. Es, en términos económicos, la peor combinación posible: un monopsonio disfuncional, caro y altamente vulnerable a la corrupción y a la ineficiencia. Corregir el rumbo implica asumir, sin dogmas, que la rectoría pública no se mide por el número de hospitales que posee, sino por qué tan bien coordina, regula y contrata a todos los actores –públicos, sociales y privados– para garantizar que nadie se quede sin atención por falta de dinero, de acceso o de decisiones oportunas. Los "Servicios Universales de Salud" son una deformación más dentro del propio monopsonio sanitario mexicano,

Como médico y legislador, denuncio desde esta columna que desde 2018 hasta 2030, el gobierno de Morena seguirá sosteniendo un diseño monopsonista que ya demostró sus límites, con cargo a mexicanos que mueren por causas evitables y caen en pobreza por motivos de salud, y que no se atreve a construir un verdadero sistema nacional de salud que, en vez de negar al sector privado, lo incorpore como aliado estratégico en beneficio de los pacientes.

Referencias:

• [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2025: Reporte de resultados. INEGI.

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.