El impacto de la fuerza laboral mexicana en la agricultura y la seguridad alimentaria de EU

Es histórica la importancia de la mano de obra migrante mexicana (incluso de trabajadores indocumentados) para las actividades agrícolas en los Estados Unidos. Esta realidad ha llevado a ambos países a establecer acuerdos, en algunas ocasiones no escritos y en otras como pactos formales, para regular esa compleja vinculación laboral entre ambos países.

Está ampliamente documentada la contribución de los jornaleros mexicanos al desarrollo agrícola del vecino país del norte y se debe reconocer que, sin su trabajo, Estados Unidos no hubiera logrado los avances productivos de los que hoy disfruta, ni la disponibilidad de alimentos para abastecer a su población, e incluso para ser una potencia exportadora de alimentos.

A través del tiempo, los trabajadores mexicanos han sido contratados en Estados Unidos para llevar a cabo labores que requieren un gran esfuerzo físico pero que son mal remuneradas, como en su momento han sido la pisca del algodón, la zafra de caña, las siembras y cosechas de hortalizas, podas, sacrificio de ganado, manejo de huertos, limpieza de establos y canales de riego, entre otras labores agrícolas y pecuarias.

Esta relación se ha ido incrementando a lo largo de los años, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tras la crisis provocada por la falta de mano de obra para el campo que puso en riesgo la producción agrícola en Estados Unidos.

Basta recordar que en julio de 1942 los presidentes Manuel Ávila Camacho, de México y Franklin D. Roosevelt, de Estados Unidos firmaron un convenio para la contratación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos y cubrir así los requerimientos de mano de obra durante la siembra y cosecha.

El convenio, conocido como Programa Bracero (MexicanFarm Labor Program), estuvo vigente hasta 1964. Inició en California, pero pronto se extendió a otros estados. Gracias al programa se estima que durante poco más de dos décadas, aproximadamente cinco millones de mexicanos ingresaron a trabajar a Estados Unidos de forma legal.

Pero a lo largo de este periodo también aumentó considerablemente la migración indocumentada de jornaleros, que cruzaban el Rio Bravo como “espaldas mojadas” en busca de trabajo sin el amparo del convenio. La sobre oferta de mano de obra fue aprovechada y estimulada por los mismos productores, principalmente de los estados fronterizos de Texas y Arizona, ya que el estatus indocumentado de los jornaleros favorecía la sobrexplotación y los bajos salarios.

Esta difícil relación laboral ha propiciado también el maltrato y la discriminación hacia los trabajadores mexicanos, así como el poco reconocimiento que se da a su importante contribución en términos económicos.

Las medidas anti-migratorias impuestas por el nuevo gobierno de Estados Unidos traerán como consecuencia la escasez de mano de obra en los campos agrícolas en aquel país, donde se estima que el 50% de los trabajadores no cuentan con estatus migratorio legalmente reconocido (datos del USDA).

La crisis se agudizará de manera inmediata, pues se requerirá del trabajo de los jornaleros para las labores agrícolas que iniciarán en las próximas semanas, como es el caso de podas de árboles frutales, preparaciones de terrenos para la siembra, instalaciones y manejo de sistemas de riego, silos para el ganado, entre otras.

De ser así, es muy probable que las mayores presiones para el gobierno estadounidense provendrán de los mismos productores agrícolas y ganaderos de aquel país, como ha ocurrido en el pasado. En 1986 fueron sus acciones, junto con la necesidad de incrementar la seguridad fronteriza, las que llevaron al gobierno de George Bush a la promulgación de una importante reforma migratoria y a la creación del programa de visas temporales H2-A para trabajadores agrícolas extranjeros.

Esa reforma migratoria dio certidumbre laboral y permitió una migración más ordenada. Durante la década pasada la demanda de trabajadores comenzó a incrementarse considerablemente y en 2013, el número de visas expedidas llegó a poco más de 70,000. Según el Consejo Americano de Migración, entre 2017 y 2022, el número de trabajadores con visa H-2A se incrementó 65%, pasando de 225,000 a más de 370,000. Mientras que los datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos indican que durante el año fiscal 2024 se solicitaron 391,590 posiciones y se emitieron cerca de 380,000 visas. Los estados que más se benefician de este programa de mano de obra extranjera temporal son: Florida (12.3%), Georgia (11.3%), California (9.7%), Washington (9.3%) y Carolina del Norte (7.2%). (Fuente: H-2A Temporary Agricultural Program, FY 2024. Employment and Training Administration, U.S. DOL).

Aunque el programa ha sido criticado por su rigidez, burocracia, limitaciones y alto costo para los agricultores estadounidenses, resulta vital para miles de productores agrícolas que no encuentran empleados locales dispuestos a realizar las labores necesarias en el campo, como la pisca de frutas y hortalizas. Muchos productores hortofrutícolas dependen casi en su totalidad del programa H-2A para realizar sus cosechas, incluyendo los productores de cítricos en Florida, de manzana y pera en Washington y Oregon, y de espárrago en Michigan, entre muchos otros.

Es importante mencionar que además de los trabajadores jornaleros, también ha aumentado la migración legal de profesionistas mexicanos (cerca del 41% de los migrantes legales cuentan con estudios de licenciatura o posgrado), por lo que existe un creciente número de veterinarios, agrónomos y científicos, cuya labor es esencial para el sector porcícola y lechero de aquel país.

Hoy en día existe gran incertidumbre respecto al programa H-2A, ya que, bajo las circunstancias actuales nada garantiza su permanencia. Hay quienes argumentan que la mecanización, la robótica, la inteligencia artificial y demás innovaciones tecnológicas habrán de sustituir la mano de obra de los trabajadores del campo, pero los costos de implementación de estas tecnologías son poco accesibles hoy. En estas condiciones, la eventual sustitución de mano de obra agrícola repercutiría en la elevación de precios que se trasladaría al consumidor.

Es irónico pensar que, sin trabajadores temporales extranjeros, de los cuales el 90% son de origen mexicano (según datos del Wilson Center), los estadounidenses no tendrían jugo de naranja para el desayuno.

El estrecho vínculo que existe en las economías y las relaciones sociales y laborales de ambos países obliga a buscar medidas conjuntas que son de beneficio mutuo. Lejos de expulsar a los trabajadores mexicanos, sería importante replicar, ampliar y, en su caso, mejorar las medidas que se aplicaron con éxito en el pasado, así como fortalecer los mecanismos de protección, regulación y trato justo de la mano de obra mexicana en el campo estadounidense.