EEUU: Tiranía de la crueldad

La política tiránica del presidente de Estados Unidos se ha endurecido en los últimos meses.  Gracias al apoyo de la Suprema Corte  a medidas racistas y a la reciente aplicación de órdenes ejecutivas que atentan contra los derechos constitucionales de la ciudadanía, los afanes presidenciales por imponer sus sueños de dominación y moldear la realidad conforme a sus fantasías supremacistas han ganado terreno, ojalá sólo temporalmente.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió la semana pasada un fallo que contribuye al endurecimiento de la política federal racista: permite eliminar el status de protección temporal para la población refugiada de Haití, Siria y otros países,  y avala la prohibición de solicitar asilo ya estando en EE.UU.  Estas decisiones contravienen el derecho de  asilo  y la obligación de los Estados de proteger a quienes huyen de guerras, violencia, catástrofes naturales…

La primera medida atenta contra el derecho de asilo y hasta el sentido común. Una persona o familia que huye de la violencia estatal, criminal o familiar y, atravesando grandes peligros, llega a la frontera con EE.UU. debería recibir protección mientras se determina si amerita recibir el asilo, y no ser obligada a solicitarlo desde México o su país, sobre todo cuando ya personas que esperaban una resolución  en nuestra frontera norte han sido  violadas, traficadas, o asesinadas (Erika Pinheiro, de la organización Al Otro Lado). 

La segunda es además una medida racista, aunque la mayoría de la Corte lo negara , ya que el presidente y el vicepresidente han desplegado una retórica racista contra la población haitiana, en particular la de Springfield, Ohio, a la que acusaron falsamente de comerse a las mascotas, en una estrategia de “barbarización” que ya ha provocado violencia racista por parte de grupos pro-nazis en esa ciudad. Si, como lo planea el gobierno federal, ICE inicia un operativo masivo en Springfield, como ha sucedido en otras localidades, la población haitiana correrá el grave peligro de ser deportada a Haití, donde priman la  violencia criminal y la miseria. Como escribe el politólogo Timothy Snyder, la Corte Suprema ha abierto el camino para una operación de “limpieza étnica” en Springfield, de graves consecuencias para la sociedad estadounidense.

Lejos de preservar el  Estado de Derecho, estas decisiones refuerzan la política de la crueldad desplegada contra migrantes (indocumentados  y documentados), materializada en cárceles migratorias y campos de concentración que operan en condiciones inhumanas, como han denunciado activistas y diversos congresistas. El más grande es  Camp East Montana, ubicado en el desierto cerca de El Paso, Texas,  donde se hacinan en tiendas de campaña 5,000 personas. Como otras instalaciones carcelarias  públicas y privadas, este campo de concentración se caracteriza por condiciones insalubres,  negligencia médica, uso excesivo de la fuerza y abuso del confinamiento solitario. Desde el verano de 2025, han muerto ahí tres personas, una de ellas por asfixia. Abundan las llamadas de emergencia por crisis respiratorias y cardiacas o intentos de suicidio. Para colmo, se ha desatado una epidemia de sarampión y hay casos de tuberculosis. Según la periodista Lisa González, en este campo infernal se dilapidaron 1200 millones de dólares. El agua potable sólo  llega en pipas.

Como en Minneapolis, y otras ciudades, la indignación ciudadana se ha manifestado en protestas solidarias contra ICE y contra la crueldad como instrumento de dominio. Determinado a imponer la tiranía, el presidente emitió en 2025 una orden ejecutiva y un memorándum que criminalizan como “terroristas internos” a quienes se  opongan a sus políticas fascistas, denominándolos “Antifa”, como si existiera una organización que conspirara contra el régimen. Lo que parecería una pesadilla orwelliana empezó a concretarse en Alvarado, TX., donde  manifestantes que en julio de 2025 protestaron ante un centro de detención Prairieland de ICE,  recibieron la semana pasada condenas de 30, 50 y 100 años de cárcel. Así busca el gobierno cerrar la pinza para imponer la tiranía.