Entre el dolor y la justicia: ¿sirven las penas más severas para adolescentes?

Hace unos días dos adolescentes de 15 y 16 años, hermanos, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinado del conductor de aplicación y militar en retiro Flaviano López Martínez, quien no tenía más de cincuenta años. Los delitos fueron homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, robo de vehículo e inhumación de cadáver, actos que alcanzarían una pena entre los tres y cinco años, esto de acuerdo con la Ley Federal del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en su artículo 145.

El 9 de julio el conductor respondió a un servicio solicitado por los dos hermanos y un amigo de ellos de trece años en Mexicali. Flaviano, de conformidad con información de la fiscalía, fue asesinado presuntamente por disparos de armas de fuego en la cabeza, con un arma que los jóvenes portaban al momento de subir al vehículo. Posteriormente de acuerdo con las indagatorias de la autoridad, su cuerpo fue trasladado a la Colonia Villas del Colorado, donde lo desnudaron, lo inhumaron y abandonaron sus restos. Los registros de estos eventos quedaron grabados por los propios adolescentes, quienes después de ejecutar el acto, fueron a pasear por las calles de Mexicali con el coche robado, hasta que la autoridad los detuvo. Aunado a esta historia de horror, la madre de los adolescentes se encuentra en prisión desde abril del 2026, sometida a proceso penal por los delitos de homicidio y secuestro.

Así, este caso que conmociona no solo a la sociedad de Baja California se suma al de otro adolescente de 15 años, quien fuera acusado de feminicidio en Lázaro Cárdenas por asesinar a dos de sus profesoras con un rifle calibre 5.56, el cuál ingresó a la escuela escondido en un estuche de música, el 24 de marzo. En este último caso, la pena que se determinó fue de tres años. La dureza y crueldad de estos acontecimientos, en los últimos meses, han reavivado de nueva cuenta el debate social sobre aumentar las penas a menores infractores, y que, a su vez, estos sean juzgados como adultos, pero esto ¿de qué serviría? ¿más años en prisión pueden remediar el problema? ¿castigar con más penas y mejor aplicadas, podrá influir en disminuir actos violentos entre los jóvenes, o hacerlos responsables de sus acciones?

Históricamente, hemos tratado de dar explicaciones sobre experiencias límites, donde la monstruosidad impera en actos cuya extrema crueldad y violencia nos dejan desorientados y sin capacidad de comprender. Así, muchas veces la radicalidad, la impotencia, el exceso de dolor y frustración por exigir justicia, puede llegar a proponer medidas punitivas que no resuelven el problema, ya que lo que hemos aprendido hasta ahora, es que no se trata de castigar más y mejor, sino que la justicia tenga la capacidad de aspirar a transformar de forma auténtica y verificable, la responsabilidad de los actos llevados a cabo por sus perpetradores, más allá de cumplir con las penas.

Actualmente nos enfrentamos a varios dilemas: proteger a la sociedad, que se responda al daño causado y hacer justicia a las víctimas, partiendo del reconocimiento de lo irreparable de su pérdida: jamás podrá volver a la vida su ser querido. Estos eventos por supuesto que generan mucha indignación y dolor, pero a su vez, nos dan la oportunidad de hacer las preguntas que necesitamos responder a corto, mediano y largo plazo, como ¿Penas más severas pueden contribuir a disminuir actos tan violentos entre los jóvenes? No, la respuesta es clara. Los jóvenes muchas veces actúan por impulsos, emociones desequilibradas y por trayectorias de violencia que han generado lógicas de sobrevivencia cotidiana, de ahí que castigos más severos no necesariamente puedan generar comprensión, conciencia y responsabilidad por sus actos. Por otra parte, ¿a qué tendríamos que aspirar como sociedad para promover un verdadero sistema de justicia que no solo castigue, sino que logre transformar conductas y acciones de los menores infractores? Yo pensaría que responsabilidad. La responsabilidad se trabaja, y va más allá de un arrepentimiento. Se trata de un posicionamiento de conocimiento y conciencia profunda de los actos cometidos. Sabemos que esto no eliminará el dolor ni reparará una pérdida irreparable, pero abrirá el camino hacia una justicia que responda al daño y a su vez, reduzca en gran medida la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Así, no se trata de reducir la justicia a la amplitud de las penas, sino de generar propuestas de reducción de violencias tan atroces para el futuro, que estén conformadas a partir de proyectos integrales donde se trabaje en el reconocimiento profundo del daño, confrontación directa con el delito, trabajo terapéutico, emocional y social, donde se dé una respuesta activa al acto cometido y se puedan así ofrecer oportunidades de transformación, tanto a la víctima como al victimario.

Se trata de dar respuestas firmes, pero a su vez humanas, que se enfoquen en la rendición de cuentas, la prevención, la rehabilitación intensiva y un seguimiento. Si renunciamos a generar horizontes de posibilidad para reconfigurar entornos y experiencias de extrema violencia y crueldad, lo más seguro es que a mediano y largo plazo, no habrá pena que alcance para contener las lógicas de violencia, que se irán racionalizando cada vez más como formas de socialización para sobrevivir o supervivir en nuestros contextos actuales. Insistiré en que siempre hay a donde ir, si se apuesta por construir alternativas que promuevan la responsabilidad y el posicionamiento ético frente al dolor.