Crecer o administrar

La economía mexicana, que se movía a un ritmo de crecimiento del 2% anual desde hace décadas, entró en un estancamiento a partir del 2019 cuando el gobierno de López Obrador decidió reconstruir el modelo de rectoría económica del Estado cuyo principio fundamental es la subordinación de los dueños del capital privado a las necesidades de un gobierno que se asume como único responsable de la voluntad general.

Está propuesta estatista se agotó desde la década de los sesenta del siglo pasado, cuando la capacidad financiera del Estado generó endeudamientos incapaces de ser solventados por economías cerradas y proteccionistas. Los llamados modelos neoliberales restablecieron el equilibrio perdido durante el estatismo, y a pesar de generar un crecimiento sostenido, no alcanzaron a beneficiar a sectores sociales que habían vivido bajo el manto protector del Estado.

El intento de la Cuarta Transformación de meter reversa al proceso de globalización y a la economía abierta no resultó. En el sexenio de AMLO los recursos ahorrados por los gobiernos de la democracia mexicana fueron suficientes para cubrir los costos de las ocurrencias del caudillo sin que eso representase un riesgo para la estabilidad financiera del país.

Por supuesto que la pandemia del coronavirus sirvió para tratar de justificar la parálisis económica. Sin embargo, México no consiguió recuperarse como lo hicieron otros países. Simplemente dejó de crecer y con ello generó una burbuja de endeudamiento que se acrecentó el último año de gobierno a causa del río de dinero utilizado durante el proceso electoral. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de la República, los recursos ya eran pocos e insuficientes.

Con un solo motor de la economía funcionando cada vez con menos potencia, el del sector exportador profundamente vinculado a los Estados Unidos, el estancamiento es ya una realidad imposible de superar. Las empresas extranjeras reinvierten sus utilidades en México, pero no llega nueva inversión. Los capitales nacionales se sienten amenazados por la incertidumbre jurídica ocasionada por la reforma judicial, y el gobierno no tiene dinero para impulsar la inversión pública.

Lo que ha hecho la 4T es administrar con cuidado la ausencia de fondos en las arcas nacionales, con una política fiscal agresiva y una recaudación tributaria que ha sido muy efectiva pero generadora de terror en el sector empresarial. Sin embargo, sin crecimiento económico real no habrá manera de mantener funcionando esta maquinaria inercial que evita una recesión profunda, y con ello la degradación de la calidad crediticia de nuestro país por parte de las calificadoras se acerca cada vez más.

Por más maromas que hagan tratando de justificar un proyecto inviable, la realidad terminará por imponerse con una estela de dolor para la mayoría de la sociedad mexicana.