Los costos del FAN ID

Dos años demoró la resolución de las indagatorias contra la Federación Mexicana de Futbol, por haber incumplido con la legislación vigente en materia de protección de datos personales. El procedimiento de oficio fue iniciado por el extinto Inai, cuyo Pleno identificó el presunto incumplimiento a los principios de información, responsabilidad y licitud, y a la obligación de obtener el consentimiento previo, expreso y por escrito de los titulares de los datos personales biométricos sensibles.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se hizo cargo del procedimiento y el 25 de agosto del 2025, inició del procedimiento de imposición de sanciones en contra de la federación, cuyos representantes tramitaron un amparo.

Su petición fue atendida por el juzgado segundo de distrito de Aguascalientes, pero atacó la resolución el 26 de febrero del 2025 dictada por el Inai. El juez concedió la suspensión provisional a la federación para que no se dictara resolución en el procedimiento de sanciones hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo en lo principal.

La SABG continuó con la tramitación del expediente. En su defensa, la federación adujo que “solo actuó como tercero interesado, coadyuvando en las labores de investigación del entonces Inai, en relación con los hechos relacionados (sic) e imputados a las entidades que fueron objeto de investigación en cada uno de esos procedimientos sin que para tales efectos exista un acuerdo de inicio de investigación o verificación específico en contra”.

Las conductas infractoras imputadas partieron de una evaluación incorrecta e incompleta del funcionamiento del sistema FAN ID. El extinto Inai omitió reconocer un supuesto plenamente válido y común en materia de protección de datos personales: una misma entidad puede asumir distintos roles respecto a los diversos tratamientos en las que interviene. Así válidamente puede actuar como responsable en ciertas actividades y como encargado en otras, dependiendo de la naturaleza y el alcance de las actividades concretas que lleve a cabo.

En sus probanzas, la federación confesó ser la responsable del tratamiento de los datos personales en el FAN ID. En consecuencia, la autoridad determinó que el tratamiento de datos personales del FAN ID se realizó con fines de control de acceso a estadios, gestión de aficionados y aplicación de sanciones, actividades que se enmarcan en el giro comercial y operativo de la federación y que trascienden el ámbito exclusivamente personal.

El 23 de febrero del 2026, el juzgado segundo de distrito determinó sobreseer el juicio de amparo. El 12 de marzo, la sentencia de sobreseimiento causó ejecutoria y el 7 de abril se reabrió el expediente. Tras de agotar las fases procesales, la SABG decretó que la FMF incurrió en infracciones a las fracciones IV y XIII del artículo 63 de la ley.

Y decretó dos sanciones, equivalentes al 2% de sus ingresos del año fiscal 2024, para la infracción de principios y 4% para la infracción de consentimiento. Es decir, 14.2 millones y 28,5 millones, respectivamente.

“La multa, sin ser excesiva, cumple con su finalidad disuasiva, pues busca desincentivar la comisión de conductas similares de los sujetos obligados”, dice la resolución, firmada por Jennifer Colín Álvarez, directora general de datos personales en el sector privado de la Secretaría Anticorrupción.

EFECTOS SECUNDARIOS

DECLARACIONES. Agraviado, el gobierno de Zacatecas ha declarado la guerra a la organización criminal que asesinó a media docena de contratistas de la mina de Fresnillo. En la persecución se involucraron grupos de inteligencia y tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que recorrerán Durango y Jalisco hasta hallarlos. “Vamos a ir donde sea”, prometió el secretario de seguridad pública y general retirado, mientras que el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza pidió unidad y respeto para que “no se saque raja política abusando, utilizando, lucrando con el dolor de las víctimas”. Unas horas después, circuló profusamente un videomensaje con amenazas a las autoridades estatales. “Cumplan los acuerdos”, emplazó el grupo criminal.