La confusión en las campañas judiciales

El 30 de marzo pasado comenzaron oficialmente las campañas publicitarias de los candidatos postulados para la elección judicial que tendrá lugar el próximo 1 de junio. La reacción inicial, por lo menos en el medio de los abogados, ha sido variable. Algunos piensan que la simple promoción de los candidatos es indignante, ya sea por las mismas razones por las que se opusieron inicialmente a la reforma judicial, o porque consideran que algunos de los candidatos demeritan la imagen de la abogacía. Otros opinan que la elección y el voto por los mejores candidatos es una forma de combatir a la misma reforma desde adentro. Desde luego, no faltan quienes impulsaron desde un inicio la reforma con un interés personal, y ahora sólo están preocupados porque gane algún candidato amigo.

En cuanto a los candidatos, se aprecia un alto grado de confusión. La justicia nunca había tenido que venderse, así que las campañas son muy variadas. Hay candidatos que realmente intentan hablarle al pueblo elector, tratando de buscar simpatía con apodos fáciles de recordar, o utilizando términos coloquiales para un público no especializado en Derecho. Muchos otros básicamente han agregado colores a su curriculum vitae, en un esfuerzo por demostrar su trayectoria y preparación, dando por hecho que los votantes se guiarán con este criterio.

Las agencias de publicidad deben estar muy ocupadas descifrando la fórmula ganadora, sin contravenir los principios que regulan la impartición de justicia. ¿Cómo diferenciar a un juzgador de otro? ¿Qué hace a una “justicia” mejor que otra? ¿Se puede comparar el sentido o la tendencia de las sentencias de un juez, sin delatar un sesgo político o parcialidad? ¿Qué justicia se promoverá si el candidato no tiene trayectoria judicial? ¿Qué sentido tiene ostentar una amplia formación académica, si el requisito mínimo que exige la Constitución es un 8 de promedio?

La realidad es que, literalmente, es difícil juzgar en estos casos. Con independencia de su origen, la reforma judicial está transformando al medio jurídico de forma estructural, y los abogados tendremos que adaptarnos a ella. No todos los candidatos a jueces tienen intereses alineados con el partido político que la promovió. Habrá quienes simplemente tenían una trayectoria judicial o profesional encaminada a la judicatura y, estén o no de acuerdo con la reforma, no desistirán de sus aspiraciones, o de su sustento económico, como consecuencia de un cambio constitucional con tintes netamente políticos. Será hasta el 1 de junio cuando conozcamos el resultado del experimento, y podamos evaluar en retrospectiva el impacto de las campañas o de los votos, si es que tienen alguno.

Mientras tanto, el oficialismo busca desesperadamente promover la votación para que la reforma judicial no se convierta en un fracaso político épico, ya sea en las conferencias mañaneras, en los tiempos oficiales de las autoridades, o en cualquier espacio de comunicación oficial que se pueda aprovechar. A pesar de todos estos esfuerzos, es evidente que la reforma judicial se ha salido de las manos de quienes la impulsaron. Nunca se previeron sus costos, ni las dificultades administrativas que traería su implementación, y Morena nunca consideró que el propio desinterés o desconocimiento de la sociedad votante podría desacreditar el pretexto con el que se aprobó la reforma, supuestamente para acercar al pueblo con los jueces.

Con la reforma, Morena adquirió tanto poder que no ha podido controlarlo. Con dificultades logró un quórum suficiente de candidatos, y una vez elegidos, tampoco tendrá la capacidad para alinearlos. No todos los juicios se verán impactados por el oficialismo y no todos los jueces sufrirán presiones por éste, así que los abogados seguiremos buscando formas de adaptación al nuevo modelo de impartición de justicia.