Autoritarismo electoral

En medio de un clima de tensión política en México por reportajes y acciones legales internacionales en contra de figuras políticas nacionales, presuntamente, vinculadas con el crimen organizado, el diputado coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, lanzó una iniciativa de reforma constitucional que, de aprobarse por la mitad más uno de los Congresos estatales, alteraría las reglas del juego democrático, ya que plantea eliminar o anular elecciones en caso de acreditarse “intervención” extranjera.

La propuesta del político zacatecano busca adicionar un inciso a las causales de nulidad de una elección (presidencial, legislativa o de gubernaturas) bajo el siguiente supuesto: “Se considerará causa de nulidad de una elección cuando se acredite la intervención de gobiernos, organismos, entidades, empresas o individuos extranjeros que, mediante financiamiento, campañas de desinformación, uso de tecnologías de inteligencia artificial o cualquier otra forma de injerencia, busquen alterar el sentido del voto o incidir en los resultados del proceso electoral”.

De acuerdo con la iniciativa, para que proceda la nulidad se deben cumplir los siguientes supuestos: Determinancia, es decir, la intervención debe ser significativo y capaz de haber modificado el resultado final. Acreditación, para ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá contar con informes técnicos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la recién propuesta “Comisión de Verificación de Integridad”.

Dicha comisión que se propone crear, se trata de un órgano técnico auxiliar del Instituto Nacional Electoral (INE) encargado de monitorear, en tiempo real, flujos de capital provenientes del extranjero hacia campañas o actores políticos. Determinar campañas de “botnets” o desinformación masiva originadas fuera del territorio nacional.

Ricardo Monreal fundamenta la reforma en tres rubros: A) Defensa de la soberanía; B) Actualización tecnológica; y C) Seguridad nacional. Respecto a la defensa de la soberanía, el legislador argumenta que la democracia mexicana es objeto de “guerras híbridas” donde actores externos -agencias de inteligencia y ONGs internacionales- intentan imponer agendas.

En cuanto a la actualización tecnológica, la propuesta señala que la ley actual no contempla la injerencia digital o el uso de “Deepfakes” y algoritmos extranjeros como formas de coacción. Por lo que hace a la seguridad nacional, la iniciativa clasifica la integridad electoral como un asunto de seguridad interior, permitiendo que pruebas de inteligencia puedan ser valoradas por los magistrados electorales.

El artículo 41 constitucional ya establece causas de nulidad, pero la “intervención extranjera”, de cualquier tipo, es un concepto elástico. La motivación del proponente parece ser la creación de un mecanismo de defensa preventiva ante lo que se considera una “ofensiva mediática transnacional”.

El mayor problema de esta iniciativa es la falta de definiciones operativas: ¿Qué cuenta como intervención? ¿Un tuit de un legislador extranjero? ¿Un reportaje de The New York Times? ¿Financiamiento a ONGs de observación electoral?

Si la propuesta no define con precisión métrica qué constituye “intervención”, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedará en una posición de vulnerabilidad política, teniendo que decidir sobre la validez de una elección presidencial bajo criterios subjetivos.

Actualmente, el TEPJF ya enfrenta retos monumentales para fiscalizar campañas de desinformación automatizadas. Introducir una causal que dependa de la interpretación de “influencia extranjera” en un contexto de polarización, otorga al poder judicial una discrecionalidad que podría convertirlo en el gran elector de México.

De aprobarse por la mitad más uno de los Congresos estatales, una vez que la iniciativa ya fue avalada en las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, en periodo extraordinario, nos enfrentaríamos a tres escenarios críticos en las elecciones de 2030: A) Inestabilidad Jurídica. Cualquier perdedor de una contienda podría alegar "injerencia externa" para judicializar y anular los resultados, saturando el sistema. B) Tensión Diplomática. México podría criminalizar indirectamente la opinión internacional, afectando tratados y la percepción de libertad de expresión. C) Uso Faccioso. El riesgo de que el Estado utilice este mecanismo para anular victorias opositoras bajo el argumento de que fueron “apoyadas por intereses foráneos”.

Anular una elección es la condena de “muerte” de la democracia. Por lo que, implementar una causal tan ambigua como la “intervención extranjera” sin filtros técnicos rigurosos es abrir una “caja de Pandora”, ya que, en lugar de blindar la soberanía, esta reforma constitucional podría terminar confiscando el derecho más sagrado del mexicano: Su voto

En democracia, son los sufragios y no el criterio de un legislador sobre lo que viene de afuera, lo que debe decidir el destino del país. La democracia mexicana no puede permitirse que el resultado de las urnas sea anulado por el “fantasma” de la injerencia extranjera, a menos que existan pruebas de hierro. De lo contrario, no estaremos protegiendo el voto, sino dándole al perdedor una excusa legal para desconocer la voluntad popular. La “soberanía” no debe ser el pretexto para abrirle la puerta a un eventual autoritarismo electoral.