No hay nada más desgastante que las transiciones largas, ese periodo donde no manda ni el que sale ni el que entra. Por ello, entre más corto sea el periodo de traspaso de la estafeta es mejor. La de Veracruz es muy larga; van 60 días de golpeteo y faltan más de 100 antes de la toma de posesión.

Después de las empresas fantasma y la casa del gobernador, Javier Duarte, en Houston, ahora sale a la luz que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, tiene 19 casas, dos de ellas en Texas, y 24 empresas, 21 de las cuales eran proveedores del gobierno del estado, todas con el mismo prestanombres, Roberto Esquivel Hernández (el gobernador quiere pagar, a como dé lugar, a estas empresas 72 millones de pesos antes de irse). La investigación tiene, por supuesto, el sello del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes. La respuesta de Duarte fue ampliar la denuncia que ya tiene contra el electo, a quien acusa de tener 11 propiedades además de la ya declarada en su muy rasurada declaración 3de3, es decir, el gobernador electo panista omitió, o se le olvidaron, 11 casas en su declaración (me gustaría decir que 11 casas a cualquiera se le olvidan, pero hay 36 millones de mexicanos que lo que no olvidan es que no tienen casa).

A estas alturas todos tenemos más o menos claro que el gobernador saliente es un bribón, que el que entra compite seriamente por el título y que ninguno de los dos es capaz de probar el origen honesto de sus recursos. Los partidarios de uno y de otro serán capaces de encontrar las diferencias o los matices de la corrupción, pero en la práctica se trata del mismo esquema de manejo patrimonialista del poder. Por donde ha pasado Miguel Ángel Yunes ha dejado una estela de corrupción; Javier Duarte, también.

Si con gobernador de tiempo completo Veracruz era ya un problema, con un gobernador a medios chiles y confrontado, como está, con el entrante, el problema de gobernabilidad puede fácilmente pasar de grave a desastroso; seis meses sin gobierno es una eternidad. Si algo sabe hacer la delincuencia organizada es leer y oler la debilidad del Estado. El mes de junio, primero tras la elección, fue el más violento de los últimos 18: registró más muertes violentas (82) y secuestros declarados (12) que ningún otro. Hay que esperar los datos de julio pero difícilmente serán menores, pues hay al menos dos casos de asesinatos masivos en ese mes, que sumaron 11.

Con un gobernador saliente abandonado por su partido, que ya puso su cabeza en la bandeja de la venganza, y uno entrante que no reconoce lealtad (tiene fama de haber traicionado a todo aquel que lo ha apoyado), la pregunta es quién podrá poner el mínimo de orden en Veracruz, un estado convulso, enfrascado en la guerra de la mansiones.

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