Como madre y como economista, estoy convencida que apostarle a la educación de calidad es la única herramienta que tiene un gobierno para disminuir las brechas de desigualdad y los altos índices de pobreza existentes en el país. Sin embargo, la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa dejó claro que la prioridad del grupo mayoritario no es velar por el interés superior de nuestras niñas, niños y jóvenes, sino orillar a los mexicanos, especialmente a los que menos tienen, a una regresión educativa.

Es sumamente preocupante que el grupo mayoritario que hoy nos gobierna, una vez más, no respetara lo establecido en nuestra Constitución, que en su Artículo Tercero establece que se debe garantizar el derecho a la educación de excelencia para todos los mexicanos. Apenas hace unos meses, las y los diputados de esta legislatura votamos a favor de una reforma que considerábamos significaría la evolución del sistema educativo nacional actual, pero desafortunadamente, el pasado jueves, se decidió incumplir la garantía constitucional, aprobando un conjunto de leyes contrarias a lo que establece nuestro marco legal. Analicemos con mayor profundidad algunos de los focos rojos que presentan estos proyectos de ley.

En primer lugar, estas leyes violan el principio de equidad, al establecer plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Además, se desvirtúa la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes, ya que nuestra Constitución establece que estos procesos de selección de plazas deben ser públicos, transparentes y equitativos.

Por otro lado, es gravísimo que estas leyes eliminen la evaluación para las maestras y maestros mexicanos, ya que con esta determinación están eliminando su legítimo derecho a que, con base en sus méritos, puedan mejorar su entorno laboral. México necesita buenos maestros, con vocación de servicio, sin miedo a ser evaluados, ni a mejorar en beneficio de nuestros hijos. México no necesita maestros que han sido sometidos a la mediocridad.

También es inaudito que se vulnere el principio de imparcialidad en la admisión de los docentes al servicio educativo. Estas reformas contemplan que, una vez llevado a cabo el proceso de selección, los resultados se enviarán, no sólo a las autoridades de los estados, sino que también a los sindicatos para su consideración, con lo que indudablemente estaríamos regresando a la época donde los sindicatos tenían gran injerencia en las plazas educativas de nuestro país ¡un enorme retroceso a lo ya alcanzado!

Finalmente, desaparecieron el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), que hasta ahora es el organismo que regula, supervisa y controla la construcción y la reconstrucción de escuelas. Incluso, se estableció que los recursos para la construcción se entregarán directamente a los padres de familia y alumnos, para que éstos sean los que tengan la responsabilidad de la construcción de escuelas y no el Estado mexicano. Con esto, el gobierno pretende apostarle más a la “autorregulación” y la “autoconstrucción” que a la seguridad de nuestros planteles educativos, sin duda, un contrasentido más.

Según el Coneval más de 17% de la población sufre de rezago educativo y somos una de las peores naciones calificadas en la prueba PISA entre los miembros de la OCDE. Por eso hoy más que nunca, es indispensable reconocer la labor docente, pero siempre sustentado en los principios elementales de la educación como son la formación, la preparación y la actualización permanente.

Tristemente, estoy convencida que estas leyes secundarias sólo están condenando a nuestras nuevas generaciones, que son nuestra esperanza, a la ignorancia, a la mediocridad y, sobre todo, a la pobreza. La “Cuarta Transformación” que nos fue prometida aún deja mucho que desear, pero esto duele más cuando se trata de nuestras niñas y niños.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.