Pocos de los observadores de nuestra realidad económica han puesto de relieve las implicaciones de las promesas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el ejercicio de las libertades individuales, principalmente por parte de los ciudadanos estadounidenses.

Con respecto a las relaciones de México con Estados Unidos, Trump ha prometido en particular impedir que compañías de ese país inviertan en México para que dizque no se lleven los empleos , limitar mediante mayor proteccionismo las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, acabar con la permanencia de muchos trabajadores extranjeros que se encuentran indocumentados y posiblemente gravar las remesas familiares que se envían a México. Todas esas acciones conllevarían la aplicación de prohibiciones restrictivas de las libertades.

Pero la contradicción de esas propuestas con el pacto fundacional que subyace en la Constitución de los Estados Unidos es bien visible y, de llevarse a cabo, terminará por molestar a muchos con capacidad de queja y pataleo. De hecho ya lo está haciendo, incluso antes de que Trump tome posesión. Una manifestación muy significativa se produjo recientemente cuando, por boca de su director general, la automotriz Ford anunció que seguiría adelante con su proyecto de establecer en México su planta para la fabricación del compacto Focus. Igualmente, en los diarios el banco Citibank confirmó su convicción de seguir operando en el país a toda vela.

¡Trump contra el ejercicio de las libertades por parte de ciudadanos estadounidenses y contra los intereses de empresas de ese país! Ahí está la fisura por la cual se pueden infiltrar las fuerzas de México para una defensa efectiva: unirse con aquellos en Estados Unidos para los cuales Trump ya es una amenaza. No son pocos y además tampoco carecen de poder. Por ejemplo, los agricultores que requieren de forma indispensable de la mano de obra mexicana para recoger sus cosechas o las empresas para las cuales es conveniente instalar plantas al sur de la frontera.

En lo anterior puede residir la adopción de una fórmula de shock anti-Trump con ciertos visos de efectividad. A primera vista parecería conveniente empezar por hacer un diagnóstico cuidadoso de aquellas empresas y operadores que potencialmente pueden resultar afectados por las políticas del nuevo mandatario. El momento para empezar a actuar es ahora. No hay tiempo para esperar al 20 de enero a ver qué es lo que nos depara el destino.

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