El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (Telmex) publicó un desplegado en el que manifiesta su oposición a la separación funcional de la empresa, recientemente ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a quien acusa de violar los derechos de los trabajadores, poner en riesgo de quiebra a Telmex y violar el espíritu de la reforma en telecomunicaciones del 2013. En palabras del propio sindicato: “Con esta decisión, el regulador pone en riesgo la viabilidad de la empresa y la fuente de ingresos de más de 60,000 trabajadores telefonistas y de sus familias y a lo largo y ancho del país al castigar su fuente de empleo, esto provocado por las diferentes medidas que impactan los ingresos de Telmex, como el uso gratuito de su red y el pago de tarifas e irrisoria en interconexión (sic), lo que compromete seriamente la viabilidad económica de la empresa y ahora con la aprobación del plan de separación funcional para crear una división y una empresa denominadas mayoristas (sic), a las que tampoco se les garantiza su viabilidad financiera, técnica y operativa”.

Me parece muy válido que los trabajadores quieran proteger su fuente de empleo y los derechos adquiridos a lo largo de varias décadas, pero difiero en su apreciación de que la separación funcional, por sí misma, pone en riesgo sus derechos laborales o la viabilidad de la empresa. Si consideramos a la empresa como una unidad económica de producción, podemos afirmar que los derechos de los trabajadores de Telmex deben ser respetados independientemente de que parte de los activos y de los pasivos laborales sean transferidos a subsidiarias de la propia Telmex, que únicamente servirán como vehículos para monitorear que los términos y condiciones de uso de los servicios mayoristas y la infraestructura pasiva del agente preponderante sean los mismos tanto para los competidores como para la unidad de servicios minoristas de Telmex.

El sindicato tiene razón en el sentido de que tanto la empresa como el IFT deben poner mucho cuidado en que la combinación de activos y pasivos que se transfieran a las subsidiarias mayoristas permitan su viabilidad económica. Dado que tanto Telmex como sus subsidiarias mayoristas serán parte de América Móvil, la empresa tiene el incentivo para que las operaciones de todas sus unidades de negocio reflejen buenos números en los mercados de valores, por lo que sólo actuando de mala fe descapitalizaría a las mayoristas y les transferiría un pasivo laboral exagerado y difícil de sostener. Por eso es muy importante la supervisión y corrección oportuna de todo el proceso por parte del IFT.

Para América Móvil este tipo de separaciones no son algo nuevo. Ahí tenemos el caso de Telesites, que opera de manera independiente todas las torres que tenía Telcel y cotiza por sí misma en los mercados de valores, o el propio caso de Telmex, que en el 2013 escindió las tres subsidiarias que son dueñas de las centrales telefónicas, redes de cable y fibra óptica y demás equipos necesarios para la prestación de los servicios mayoristas y la compartición de infraestructura pasiva: Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces (CTBR), Alquiladora de Casas (ALDECA) y Renta de Equipo (RESA). Por medio de esta escisión, Telmex se deshizo de la totalidad de su red, la cual pasó a ser propiedad indirecta de la empresa holandesa Carso Telecom BV, subsidiaria de América Móvil. Esta escisión es un buen precedente para el sindicato en el sentido de que sus derechos laborales serán respetados. En septiembre del 2013, la Comisión Obrero Patronal de Telmex publicó lo siguiente: “Teléfonos de México en una estrategia vinculada al tema regulatorio decidió la escisión de las Empresas CTBR, RESA y ALDECA, mismas que pasan a un holding de bienes raíces e inmobiliario que ante una decisión de gobierno en turno, blinde los activos de Telmex. Ante este hecho el STRM acordó con la empresa la firma de un convenio de respeto a lo pactado en los contratos colectivos y a los diversos convenios ya contraídos”. Por tanto, nada permite suponer que la empresa se comportará de manera distinta en esta ocasión y afectará a sus trabajadores.

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.