El INE entregó al Senado de la República el informe de la revisión de firmas de apoyo ciudadano a la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. La noticia pasó inadvertida en los medios de comunicación, en buena medida porque el destino de la consulta popular ya había quedado definido desde principios de octubre.

Ante la duda respecto a si lograrían reunir las firmas suficientes antes del 15 de septiembre de este año, el presidente López Obrador decidió hacer uso de sus atribuciones y presentó directamente ante el Senado la petición de consulta. De acuerdo con el procedimiento establecido en la Carta Magna, la Cámara Alta turnó la pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la revisión de su constitucionalidad.

En votación dividida, los ministros aprobaron la consulta, pero cambiaron sustancialmente la pregunta. Ya no se tratará de investigar y enjuiciar a los expresidentes, sino a servidores públicos en general. Son ajustes que tuvieron que hacer para que la consulta no fuera violatoria de derechos humanos.

Sin embargo, los simpatizantes del presidente López Obrador, con el respaldo de Morena, siguieron adelante con el proceso para recabar firmas. De manera sorpresiva anunciaron que habían superado los dos millones de apoyos y, antes de que concluyera el plazo legal, entregaron las cajas con los formatos rellenados. El Senado, tras recibirlas, las turnó al INE para su revisión.

El INE realizó todo el trabajo de verificación de firmas a sabiendas que no tendría ya ningún efecto legal, pues se trataba exactamente de la misma consulta que el presidente López Obrador había propuesto y que la SCJN había autorizado con una pregunta diferente. Los resultados, sin embargo, son reveladores

El INE recibió 2.5 millones de formatos de apoyo ciudadano para la consulta popular, de los cuales 2.1 millones coinciden con registros en la lista nominal de electores, por lo que se les considera procedentes. Esto representa el 2.5% de los ciudadanos inscritos en todo el país, cifra superior al 2% requerido por la ley.

Sin embargo, el INE encontró algunas irregularidades. En su informe al Senado reporta que 5,530 personas fallecidas manifestaron su respaldo a la consulta para enjuiciar a los expresidentes. También detectaron apoyos de 744 personas que se encuentran recluidas en prisión y que fueron dadas de baja del padrón electoral. Identificaron 14,442 casos que  presentaron credenciales caducas.

El hallazgo más revelador e inquietante es que el 20% de los ciudadanos que supuestamente apoyaron la consulta negaron haber firmado el formato. Esto lo descubrió el INE al entrevistar a una muestra aleatoria, representativa de los 2.5 millones de firmas. De alguna manera, los promotores de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes consiguieron los datos personales de estos ciudadanos y usurparon su identidad para cumplir con el requisito.

El INE ha venido introduciendo medidas para impedir el robo de identidad con fines políticos en los casos de apoyos ciudadanos a candidaturas independientes y de afiliaciones a partidos políticos, como el uso de teléfonos celulares para autenticación de la identidad. Sin embargo, el formato para recabar los apoyos a consultas populares lo define el Congreso.

Hasta ahora los legisladores se han negado a incorporar tecnología para garantizar la autenticidad de la voluntad ciudadana. Mientras esto no ocurra, las peticiones ciudadanas de consulta popular seguirán siendo materia de grandes simulaciones, como la que el INE denuncia en su reporte al Senado.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

Lee más de este autor