El Artículo 16 de nuestra Constitución contempla el derecho fundamental a la privacidad y como parte de éste, la protección de nuestros datos personales, es decir, aquellos que nos identifican o hacen identificables: datos médicos, académicos, laborales y bancarios, entre otros. Nuestra información en poder de los bancos, relacionada por ejemplo con cuentas, créditos y seguros, goza de esta protección.

En relación con lo anterior, el miércoles 22 de noviembre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió, por unanimidad de votos, el amparo directo en revisión 502/2017.

En este asunto se determinó que el artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional. En ese artículo se prevé que el Ministerio Público solicite información a los bancos, respecto de hechos que puedan constituir un delito.

En el caso se tuvo por probado que una persona extorsionó a otra al solicitar la entrega de dinero a fin de no dañar su integridad física. La víctima accedió y acordaron el depósito de cierta cantidad en una cuenta bancaria. La víctima denunció y entregó al Ministerio Público la información relativa a la cuenta en la que realizó el depósito.

Con esos datos, el Ministerio Público solicitó al banco la información relativa a los movimientos y demás datos personales asociados a dicha cuenta. Con la información que le fue proporcionada se sostuvo, en parte fundamental, la acusación ministerial.

La pregunta central del caso giró en torno a si la facultad prevista para que el Ministerio Público acuda directamente ante la institución bancaria a requerir información de carácter privado, sin la autorización judicial, es o no constitucional.

La Corte sostuvo que, para no transgredir el derecho fundamental a la vida privada de las personas, entre ellas a las sujetas a una investigación penal, incluida la información bancaria, es necesario que la autoridad ministerial acuda ante la autoridad judicial a efecto de que la autorice a requerir dicha información al banco, pues la investigación no debe quedar a expensas de la voluntad de los investigadores, y deben ofrecerse motivos fundados para requerirla.

Por supuesto que en una investigación criminal resultará necesario que el Ministerio Público cuente con este tipo de información a fin de presentar una sólida acusación. Generar inteligencia y datos que permitan combatir a la delincuencia por este tipo de delitos es, por supuesto, un tema de la mayor importancia.

Sin embargo, ello no riñe con lo resuelto por la Corte, pues en un adecuado equilibrio de división de poderes y de acuerdo con los derechos contemplados en la Constitución, será el juez competente quien determine la pertinencia de la solicitud del Ministerio Público para acceder y emplear dicha información.

Pensar que el Ministerio Público debe acceder a esta información sin orden judicial, con el argumento de que ello redunda en una mejor procuración de justicia, es justificar los medios por el fin que se persigue.

@gaboglezsantos