La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano, emitió la inmediata aplicación de una serie de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los vecinos del río Santiago en Jalisco, un cauce hipercontaminado cuyas aguas reciben las descargas tóxicas de más de 300 industrias del corredor industrial Ocotlán-El Salto.

La CIDH constató en su documento, el número 708-19 con fecha del 5 de febrero de 2020, lo que los propios vecinos y decenas de institutos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, centros de defensa de los derechos humanos, periodistas, representantes de las Naciones Unidas e incluso oficinas públicas como Conagua han denunciado desde hace más de 20 años: que el río Santiago y sus alrededores son un peligro para las poblaciones aledañas, debido a sus altos niveles de sustancias contaminantes. Basta con acercarse al cauce del río Santiago, que nace en el lago de Chapala, para sentir la picazón en los ojos y saturarse con su peste a fertilizantes.

La CIDH recuperó en su documento, entre muchos otros casos, la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, un niño de ocho años que falleció en febrero de 2008 como consecuencia de las sustancias tóxicas que ingirió al caer accidentalmente al río Santiago en el fraccionamiento La Azucena, en El Salto. Un estudio forense encontró en el organismo de Miguel Ángel una concentración de arsénico muy superior a la tolerable incluso en una persona adulta.

El río Santiago, indispensable para la producción industrial del corredor Ocotlán-El Salto, se encuentra a 30 kilómetros del centro de Guadalajara. Es parte de la llamada cuenca Lerma-Santiago-Chapala y cruza todo el territorio de Jalisco para desembocar en la costa de Nayarit. Su aroma fétido y sus altos niveles de contaminación, pues, no son exclusividad de Poncitlán, Tecualtitán, Atotonilquillo, Atequiza, Zapotlanejo, Juanacatlán y El Salto, las poblaciones susceptibles de ser beneficiadas con las medidas cautelares exigidas por la CIDH.

La industrialización del río Santiago comenzó a finales de los años cuarenta. Entonces, sus principales problemas eran la generación de energía eléctrica necesaria para las fábricas, la transformación de los usos de suelo agrícolas a uso industrial, y el empleo del carbón como combustible por parte de los vecinos, lo que mermaba la población arbórea. Los redactores de la revista Guadalajara, en su edición de junio de 1947, calificaron los proyectos industriales sobre el cauce del Santiago como “el grito de la urgencia vital que la nueva Guadalajara siente al estallar en sus venas, pronta a convertirlo en un potente silbato de sus fábricas”.

Otra es la historia hoy: las industrias privadas han acaparado el espacio público y convirtieron El Salto de Juanacatlán, alguna vez llamado el Niágara mexicano, en un foco de infección para sus vecinos.

En el Santiago, principalmente a la altura de los municipios de El Salto y Juanacatlán, se ha registrado alta presencia de metales pesados como plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico. Cuando representantes de la ONU visitaron la zona en 2016 les causó “un fuerte impacto ver el río cubierto de espuma y el olor de fuertes gases que se desprende del agua que cae en la cascada, El Salto”.

Un fotorreportaje de Paula Islas, publicado en 2009 en la revista Magis de la universidad jesuita ITESO, denunció los casos de distintos jóvenes vecinos de El Salto y Juanacatlán con enfermedades cancerosas, presuntamentamente provocadas por su cercanía con la toxicidad del río Santiago. Aurora Elizabeth Begines Lara, entonces de 19 años, fue diagnosticada en 2006 con cáncer ovárico; Pablo César Dévora Mendoza, de 11 años, fue diagnosticado con sarcoma de Edwin, un tipo de cáncer que afecta los huesos; Emanuel Ramón Montelongo Rodríguez, de 9 años, sufría insuficiencia renal.

Las medidas cautelares exigidas por la CIDH tienen dos posibles destinos: 1. Que sean escuchadas por los gobiernos federal, estatal y municipales, para su inmediata aplicación a favor de la vida y la salud de los vecinos del Santiago, o 2. Que se sumen al inventario de denuncias que durante décadas se han difundido para alertar sobre el Santiago.

La reportera Josefina Real citó en Proceso en 2014 al ambientalista Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto:

—¿Quién mató a Miguel Ángel?

—Las omisiones de los funcionarios de los tres niveles de gobierno. El mensaje que nos dan fue que el río lo mató, pero que ni uno de ellos es responsable. Y también fue la sociedad, porque no ha exigido con fuerza que se limpie el agua del río Santiago.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.