Independientemente de si el capitán de la nave decide dar o no el golpe de timón que salve del naufragio al galeón “México”, las condiciones están dadas para hacerlo. Agobiado por la caída libre de la economía mexicana, producto de una tóxica mezcla del tsunami Covid-19 y las consecuencias de sus propias decisiones, López Obrador se vio obligado a atender la invitación de Donald Trump y aprovechar el viaje para lanzar el SOS al inquilino de la Casa Blanca.  Se juntaron el hambre y la necesidad; la necesidad del candidato Trump de ampliar su base electoral con simpatizantes hispanos y el hambre de capitales para impulsar la reactivación económica que permita superar la implacable tempestad que nos azota de este lado del Bravo.

La oportunidad existe, pues una de las lecciones de la pandemia es la importancia de tener cadenas de proveeduría con menores rangos de distancia y mayor control sobre el abasto estratégico de productos, partes y componentes. Esto se hizo particularmente evidente durante la emergencia sanitaria, ante la escasez de medicamentos, materiales y equipos médicos. Pero también ante la interrupción de las cadenas de proveeduría necesarias para mantener la fabricación de bienes y servicios de gran relevancia para la economía de los países.

Y esto ocurrió justo antes de entrar en operación el T-MEC. Claramente México puede beneficiarse de una relocalización estratégica de eslabones de las cadenas globales de valor que abastecen a la región de América del Norte y que actualmente operan en Asia, especialmente en China. Igualmente, puede obtener provecho de las nuevas reglas de contenido regional para obtener acceso libre al mercado norteamericano, promoviendo la instalación regional de los proveedores necesarios para cumplir los nuevos requerimientos. Estas tendencias se fortalecen como resultado del conflicto comercial en curso entre China y Estados Unidos.

De igual forma, Covid-19 ha funcionado como acicate de la sensibilidad colectiva con respecto al cuidado del ambiente y de las políticas de combate al cambio climático. En este entorno, es previsible esperar una intensificación de la cadencia del cambio tecnológico que acompañará estas transformaciones. Recientemente se reportó el interés de los inversionistas por las empresas farmacéuticas, tecnológicas y de energías renovables como tres de las grandes apuestas de inversión para superar los efectos los efectos de la crisis causados por el coronavirus.

Sólo que, el aprovechamiento de estas oportunidades es incompatible con el curso de acción practicado hasta ahora por el gobierno de la 4T. Y éste fue el mensaje que claramente le transmitieron al presidente de México los inversionistas norteamericanos durante la cena del miércoles. Pronto sobremos si el destinatario lo atiende o no. El mejor indicador serán las decisiones que en lo sucesivo se tomen respecto al sector energético, tanto por parte del gobierno federal, como por las empresas públicas que participan en el mismo.

Pero lo anterior será insuficiente. No habrá una conducción adecuada del proceso de desarrollo en el país con gobiernos estatales y municipales devastados, tanto en sus capacidades económicas como en sus competencias técnico-administrativas. La insurgencia de los gobernadores no obedece únicamente a fobias políticas, tiene bases reales que deben atenderse en beneficio de las regiones y de la República. La crisis financiera que se vive en las entidades federativas, les impide atender sus responsabilidades constitucionales. Para superarla, debe resolverse su sobreendeudamiento y replantearse el pacto federal.

Sobre esto último, es impostergable la redefinición de ámbitos y potestades fiscales, que permitan a estados y municipios participar responsablemente en la captación de recursos y contar con los medios para hacer frente a sus obligaciones. Debe también establecerse el servicio civil de carrera para profesionalizar el servicio público.

El juicio del exgobernador de Chihuahua, capturado el mismo miércoles en el estado de Florida y considerado “un pilón” ofrecido por el mandatario norteamericano a su visitante, abre la posibilidad de documentar el “riesgo moral” en la contratación de deuda en los estados. Los gobiernos estatales pidieron prestado, en muchas ocasiones violando leyes y procedimientos, pero los bancos prestaron ese dinero y, por tanto, son corresponsables de esas operaciones, al igual que los organismos reguladores del sistema financiero mexicano. “El riesgo moral corresponde a un comportamiento oportunista en donde una de las partes busca su propio beneficio a costa de que la otra no pueda observar o estar informada de su conducta. El riesgo moral aparece en los mercados con información asimétrica. Una de las partes tiene información privada acerca de su conducta mientras que otros no pueden obtener esta información”. (Economipedia).

El liderazgo y las capacidades político-administrativas para emprender un cambio de esta magnitud y orientación, difícilmente se encontrarán en una “autocracia popular”. Es una contradicción en los términos, pero no en la realidad política de México. “Una autocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulativos de control popular.” (Wikipedia). Producto de la desesperación colectiva por la sucesión de malos gobiernos, López Obrador disfruta aún de un respaldo popular que le permite “administrar el control popular.”

No obstante, empecinarse en gobernar como Gollum, acariciando el anillo único e invocando a my precious, es la receta perfecta para estrellar el navío en el arrecife. A juzgar por los antecedentes históricos, los nomios son adversos. Sin embargo, en lo que pudiera ser la última llamada, el titular del ejecutivo tiene hoy frente a si la alternativa; encabezar la cuarta transformación o la enésima devastación. Al tiempo.

*Investigadores Nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila