Las discusiones laborales y fiscales para hacer un cambio legal en materia de outsourcing han durado más de dos años. Durante este lapso, empresas, inversionistas y trabajadores no han tenido certidumbre para operar tranquilamente, ya que cualquier modificación normativa obligaría a reestructurar los esquemas de contratación en diversas actividades productivas.

Pese a que aún no se sabe exactamente qué sucederá con relación a la tercerización ni cuándo llegarán los eventuales cambios, el pasado 12 de noviembre el Ejecutivo Federal trazó, por desgracia, una directriz prohibicionista, pues envió al Poder Legislativo una iniciativa que elimina y criminaliza la subcontratación. De acuerdo con la periodista María del Pilar Martínez, es probable que las autoridades decidan dar a conocer públicamente el contenido de la reforma de outsourcing el próximo 1 de mayo, con el propósito de hacer coincidir simbólicamente el anuncio con el Día Internacional de los Trabajadores.

Sin embargo, incluso ahora, la falta de certezas ha representado un terremoto para empresarios, inversionistas, trabajadores y para las áreas gubernamentales que recurren a la subcontratación. Debe tenerse presente que cualquier cambio legal que sufra el outsourcing (sobre todo si se trata de una modificación radical) representa un giro en los esquemas de trabajo de nuestro país y en los modelos que las unidades productivas utilizan para operar.

Algunas empresas han decidido esperar a que el Congreso de la Unión llegue a una resolución en lo que toca a la tercerización. Otras, en cambio, han comenzado a llevar a cabo cambios en su funcionamiento para intentar aminorar, en la medida de lo posible, el impacto que acarrearía acabar con la tercerización.

Según información de Jorge Sales Boyoli, socio fundador del bufete Sales Boyoli y presidente del Comité de Capital Humano del IMEF, las empresas, temerosas de que prospere la iniciativa presidencial y de que no se dé una vacatio legis pertinente para adecuarse a las nuevas circunstancias, se han visto forzadas a despedir personal, a cambiar sus prácticas de contratación y a aumentar el precio de sus productos y servicios.

No todos pueden afrontar la incertidumbre; muchos no cuentan con los conocimientos ni la infraestructura para reinventarse. Los datos del Censo Económico 2019 del INEGI revelaron que el 9.5% del personal subcontratado o tercerizado trabaja en los micronegocios, el 44.7% lo hace en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el 45.8% labora en las grandes empresas. Los negocios pequeños y medianos serán los más afectados.

     Una cosa es segura: todos los sectores de la economía mexicana padecerían sin la subcontratación, ya que, en 2018, la distribución del personal tercerizado era de la siguiente manera: servicios 34.8%, comercio 30.5%, industrias manufactureras 24.9% y otras actividades 9.8%.

De igual forma pueden resquebrajarse distintas actividades del sector público debido a que muchas de ellas echan mano del outsourcing. Según CompraNet, entre el 2019 y noviembre del 2020 en el Gobierno se han adjudicado 18,370 contratos por servicios profesionales y honorarios, cuyo importe asciende a 2,163 millones de pesos. Esto prueba que también fuera del sector privado se subcontrata intensivamente para llevar a cabo servicios de limpieza, asesorías y tareas financieras, trabajo médico, así como servicios técnicos y administrativos, entre muchas otras labores.

Quienes no pueden protegerse ante la embestida contra el outsourcing son los cerca de 5 millones de trabajadores subcontratados. Muchos de ellos han migrado de la formalidad a la informalidad; otros han perdido por completo su fuente de ingresos. En caso de que se elimine la tercerización, lo anterior seguirá sucediendo, más y más, en los próximos meses.

En realidad, los efectos descritos en este artículo son únicamente un pequeño anticipo de lo que podría suceder si México insistiera en aislarse y en acabar con un esquema utilizado en todo el mundo, del que ya hoy en día dependen nuestras actividades productivas. Por esta razón, sería necesario que las negociaciones en Palacio Nacional y la discusión en las Cámaras del Legislativo busquen una salida menos imprudente a un problema que, dicho sea de paso, puede solucionarse sin poner en peligro a la economía y a los trabajadores mexicanos.

*El autor es director general de TallentiaMX.