La emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19 nos dejará aprendizajes valiosos que debemos aquilatar en esta época de farsantes y mesías. Poco a poco, nos empezamos a dar cuenta de manera empírica que la economía la mueven los individuos y el empeño diario de cada uno de nosotros y que al Estado lo sostienen las empresas e individuos que pagamos impuestos. Sin nosotros, el Estado y sus clientelas son nada. El Estado es necesario para garantizar la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Nada más. Mientras estos cuatro objetivos no estén plenamente satisfechos, cualquier desviación de recursos es un fraude. Los políticos no sirven para nada, o para casi nada: no producen, no resuelven, dividen y son la encarnación misma de la corrupción. De los populistas ni se diga: se pudren cuando no tienen dinero que repartir. Por último, la burocracia es una especie en extinción. No será inminente pero sí acelerada. Muchos de los servicios que presta el Estado se podrán realizar de manera más eficiente e instantánea a través de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.

En el ya lejano 1990 y en el marco de las reformas que impulsó el expresidente Salinas de Gortari, el despacho de abogados en el que entonces trabajaba fue contratado por la hoy Secretaría de Economía para crear un registro único de la propiedad y del comercio para todo el país, con criterios uniformes, y utilizando sistemas informáticos que después se pudieran escalar a lo que hoy es Internet. Los beneficios para la certeza jurídica de la propiedad inmobiliaria y del comercio son evidentes. Atrás quedarían los tediosos libros a los que se les arrancan hojas con inscripciones de hipotecas o los folios físicos que desaparecen y que dejan a propietarios o acreedores en estado de indefensión. Evidentemente, se requería hacer algunas reformas a la constitución, pero ése no fue el problema. El problema fueron los sindicatos y los burócratas que habían hecho de la corrupción un negocio muy rentable. Los sindicatos, porque sus agremiados, que hacían trabajos manuales que ya no eran necesarios, se quedarían sin empleo, y los funcionarios, bueno, por corruptos. El día de hoy, cuando yo puedo saber de dónde vienen todos mis ancestros con una simple muestra de saliva y consultando los resultados por Internet, no puedo encontrar las propiedades que tiene una persona que ha sido condenada a pagarme una indemnización sin perder cuando menos 20 días en trámites presenciales en una oficina maloliente. Hace décadas que el registro público debería ser consultable por Internet y de manera gratuita. Aún no lo es. Seguimos con libros medievales y folios que tienden a desaparecer.

Ningún gobierno, hasta ahora, ha dado impulso a una verdadera Estrategia Digital Nacional que permita al ciudadano acceder a los trámites y servicios gubernamentales de manera eficiente por Internet. Sólo hay esfuerzos aislados; particularmente, en aquellos casos en los que el gobierno cobra contribuciones. En donde no, prefiere mantener a una burocracia parasitaria y sus fuentes de corrupción. No tenemos una Estrategia Digital Nacional porque los políticos y los burócratas no quieren que la tengamos. Ahora que el Covid-19 nos está obligando a usar las herramientas digitales, es momento de abrir los ojos y ponerle un alto a estos zánganos.

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.